ACTIVIDADES DEL ESTADO
(fuente: libro Crisis y Reforma del Estado de Daniel Campioni, Bs.As. Argentina, Ed. Estudio)Comprender al Estado implica necesariamente conocer cuál es el sentido de sus acciones. La primera percepción acerca del Estado, históricamente, es su función represiva. El Estado capitalista se distingue de los particulares por su «monopolio del uso legítimo de la fuerza», según la famosa definición de Max Weber. El Estado posee y maneja una serie de instituciones, de «aparatos» que concentran la función de coerción, a los fines de garantizar las condiciones de «orden» necesarias para el normal desenvolvimiento de la sociedad: Policía, cárceles, tribunales, son expresiones de control social, que se centran en buena medida en mantener el sometimiento de las clases subalternas. Buena parte de los recursos y acciones de los Estados, aún de los más democráticos, están orientadas a mantener y desarrollar su capacidad de ejercer la fuerza. Los aparatos represivos conforman una suerte de «núcleo» que todo Estado posee, y que de algún modo lo define como tal.
En el capitalismo, el carácter puramente económico de la relación de explotación, permite definir una esfera de libertad para los explotados.Una libertad civil, que les permite disponer de su persona, elegir con quien trabajar y donde residir.Y una libertad política, que es la contenida en el concepto de ciudadanía, y que abarca aspectos negativos, de protección frente al Estado, y positivas, de ejercicio de determinados derechos en dirección al Estado.
Por cierto, esa liberación de trabas, de sometimiento personal, va acompañada de la privación de cualquier medio propio de subsistencia, y por lo tanto, de la coerción implícita, puramente económica, de vender la fuerza de trabajo a un patrón y trocar la libertad genérica en el específico sometimiento a la explotación. La fuerza física pierde protagonismo, porque adquiere inusitado poder la coerción económica, suficiente para impulsar la «voluntaria» venta de la fuerza de trabajo.
De todos modos ésta condición de libertad, que significa también estar «liberado», vale decir privado, de la posesión de medios de subsistencia, es condición necesaria, pero no suficiente, del sometimiento del trabajador a la relación salarial con el capitalista. Y allí es que encuentra una esfera fundamental de actuación el Estado. Persigue la vagancia, combate el uso anárquico del tiempo libre, más adelante reprime las negativas al trabajo colectivas, como la huelga. En suma, procura doblegar, aún mediante la fuerza, la resistencia de los trabajadores frente al poder del capital. El uso o la amenaza de la violencia, acompaña, y da sustento, a la coerción económica predominante.
Pero la dominación burguesa no descansa exclusiva ni siquiera principalmente, en el uso de la violencia física.Mas aún, en las formas más complejas y que tienden a ser más estables del Estado capitalista, la violencia tiende a retirarse a un segundo plano, a quedar como un núcleo del Estado que sólo aflora a la superficie de modo predominante en situaciones de crisis, de puesta en cuestión del dominio capitalista.
La burguesía de los Estados democráticos modernos, procura edificar un consenso ideológico, una conformidad voluntaria con la dominación de clase, que se expresa en una «supremacía intelectual» que permite hacer aparecer a los intereses, la forma de pensar, la «visión del mundo» de las clases dominantes, como comunes a toda la sociedad y convenientes a la satisfacción de las aspiraciones de toda ella.
Para Gramsci, el gran iniciador de la reflexión sistemática sobre estas cuestiones, la dominación burguesa es siempre una unidad de represión violenta e integración ideológica, una «hegemonía acorazada de coerción». A este terreno de integración ideológica, pertenece todo el armazón «doctrinario» del Estado capitalista, basado en el imperio de la libertad y la igualdad, la preservación de los individuos frente al Estado, el pluralismo que permite la expresión y organización en defensa de intereses sectoriales.
Pero la construcción integradora «hegemónica», no es pura doctrina, sino que tiene una base material, como ya vimos más arriba. La clase dominante puede contemplar, en parte, los intereses materiales inmediatos de las clases subalternas, principalmente a través del Estado, o por iniciativa de éste. Puede «sacrificar» en algo sus intereses, su nivel de ganancias, para permitir mejoras de la condición de los explotados, que den una base de sustentación más sólida y concreta a su pretensión de confundir los intereses propios con los de toda la sociedad. El Estado a través de sus instituciones de seguridad social y de salud, entre otros mecanismos, es un actor principal de esta porción de la generación del consenso.
Pero ocurre que esto no es , por lo general, una acción libre y voluntaria del Estado, planificada cuidadosamente en el seno de su dirigencia, sino que es resultado del proceso de lucha de clases, que se combina con la lógica del proceso de acumulación capitalista y le da su forma. La burguesía puede hacer esos «sacrificios», sólo en la medida necesaria para preservar las condiciones de generación de plusvalía. De todos modos, la posibilidad de imponer tales restricciones, que apuntan al interés de la clase dominante en su conjunto, contra los intereses limitados de los capitalistas individuales, se basa en la existencia del Estado, separado de la clase. (Hirsch, pg. 131). Y a su vez, esta capacidad del Estado para dirigir el proceso de integración ideológica y sus bases materiales, tiene como presupuesto la posibilidad de regular las condiciones generales de reproducción del sistema, amenazadas de modo permanente por la propia anarquía del proceso de acumulación y circulación capitalista.Las condiciones generales de reproducción del sistema, la provisión de infraestructura, y la garantía de reproducción de la fuerza de trabajo, son actividades cuya existencia y cumplimiento es condición necesaria de la posibilidad de producir hegemonía por la clase dominante.
En síntesis, la producción de consenso, y con ella toda la dominación política ejercida por el Estado capitalista, es una estrategia que se desenvuelve en un «equilibrio inestable», en donde el Estado se desempeña en medio de presiones ejercidas tanto por fracciones de clase capitalista, como por las clases subalternas. Y esta capacidad política estatal tiene severos límites. Hay campos en los que los poderes públicos no pueden intervenir, so pena de quebrar las bases mismas de su relación con las clases dominantes, y del orden jurídico-institucional que le da legitimidad. La propiedad privada, y su consecuencia, la disposición de los medios de producción, forma parte en el capitalismo, de lo que algún autor denominó el campo de las «no decisiones» del Estado, en tanto que aspectos en los cuáles el Estado no tiene competencia. En la esfera de la producción, donde se genera la ganancia capitalista, y tiene su base todo el sistema, el Estado sólo interviene en aspectos marginales. Como consecuencia de esta «zona de exclusión» el Estado capitalista ve restringida su capacidad de intervención, de allegar recursos, de modificar las condiciones sociales. Si lo hace, cae fácilmente en el terreno de la ilegalidad, de la violación constitucional contra los "derechos fundamentales del hombre" cuya vigencia él mismo proclama..
La comprensión de este concepto de «no decisiones» es muy importante, pues la concepción habitual presenta a un Estado que actúa, que decide, presionado y.o manipulado por el capital, por las clases dominantes. Si bien esto ocurre, la lógica social más general, se expresa a menudo como límite, como restricción, y no como imposición activa de los capitalistas al Estado. El vínculo es así mucho más fuerte, y su ruptura no está en manos de la voluntad y decisión de quienes ejercen el poder estatal.
La idea de clases procura ser soslayada por el Estado capitalista. Niega las clases, o las subsume en la noción global de pueblo, o las convierte en meros «estratos» dados por niveles de ingreso e instrucción. Toda una línea de actividades estatales está orientada en este sentido. El Estado se pretende neutral respecto de los diferentes sectores sociales existentes en la sociedad que rige. Desde esa pretendida neutralidad, el Estado se presenta como encarnación de los intereses generales, por ser la única entidad social vinculada a la sociedad en su totalidad. (Cf. Tillman Evers, 1979). La organización de la clase obrera es primero combatida aún en sus agrupaciones económicas, pero posteriormente esto se modifica, y el Estado capitalista ensaya, con éxito, la cooptación al interior de la lógica de Estado de los sindicatos primero, y de los partidos obreros, después. Ya en los años 30, la política del presidente Roosevelt en los EEUU, estimula la afiliación de todos los trabajadores a grandes sindicatos por actividad. La cooptación de partidos que aspiran a representar a la clase obrera, originalmente revolucionarios, se ve en la integración creciente de los partidos socialdemócratas europeos, que terminan por ser partidos de gobierno, sin alterar nada sustancial del orden capitalista (La socialdemocracia alemana y el PS francés son los ejemplos más centrales). Después de 1930, y con más claridad al terminar la IIda. Guerra Mundial, se genera en Europa y EEUU, un Estado de compromiso, basado en el intercambio de pleno empleo y crecimiento a futuro de los salarios, por renuncia de las organizaciones obreras a la supresión del capitalismo o a la toma del poder del Estado. (Przeworski, Capitalismo y Socialdemocracia). Si bien el Estado nunca renuncia a su principio de soberanía basado en la Nación, que le confiere una legitimidad inicial a su existencia, al margen y por encima de las clases, concluye por reconocerse a sí mismo funciones en relación a las clases. El nuevo límite está en no asumir, y tratar de desvirtuar, el carácter antagónico de las relaciones entre clases. El Estado capitalista del siglo XX, cuando actúa como conciliador y-o árbitro entre entidades patronales y sindicatos, reconoce la diferencia de clases, pero la remite a términos funcionales (trabajadores-empresarios), y no a relaciones de propiedad y explotación. Efectúa un reconocimiento de las clases que al propio tiempo niega la tendencia a la lucha que se da en sus relaciones. Y ese reconocimiento restringido, es también limitado en su extensión, ya que sólo en el ámbito de las relaciones laborales se da reconocimiento a posiciones de clase, y éstas "desaparecen" de cualquier otro ramo de la administración pública.La ciudadanía también asume un rostro ·»igualador» en el vínculo entre los individuos y la cara más cotidiana y burocrática del Estado. El ciudadano forma parte del público, de la masa de los administrados frente a la Administración Pública, que gestionan y reclaman ante ella, y establecen así otra relación de apariencia no clasista, que los constituye en sujetos-individuos, al margen de su pertenencia de clase. (Holloway, pg. 119 en adelante). Este autor señala que el trato al ciudadano es de cualquier modo desigual, en la práctica, pero sobre una base de igualdad jurídica.www.Alianza Estudiantil.org
Cortesía de: Yuri Franco