Año y medio después de que el Ejecutivo presentara un paquete de transparencia, fue dictaminada la primer propuesta que incluye reformas a las normas orgánicas de la Contraloria General de Cuentas (CGC), de la Superintendencia de Administración Tributaria (SAT) y del Presupuesto.
El proyecto prohíbe la contratación de deuda flotante, contempla un incremento presupuestario para la Contraloría, elimina la ejecución con onegés, fundaciones y asociaciones; establece un delito para el funcionario que se resista a ser fiscalizado.
Para la sesión prevista para la tarde de este martes, se espera que una posible aprobación de la propuesta, pero aún no se han logrado acuerdos, ya que se esta negociando a cambio de los préstamos que le urgen al partido oficial, así como los cambios a la Ley Electoral.
La iniciativa fue criticada por varios sectores sociales, entre ellos los trabajadores de la Contraloría, quienes adujeron que las reformas podrían debilitar esa institución, ya que disminuyen las sanciones por faltas administrativas que este ente impone a los funcionarios y empleados públicos.
De acuerdo con la iniciativa, los ingresos privativos —que obtiene la CGC de multas y sanciones— deberán ir al fondo común, y luego solo le devolverán el 25 por ciento.
También reforma en el artículo 69 a la Ley Orgánica del Presupuesto, el cual permite al Ministerio de Finanzas contratar de manera directa operaciones financieras, como “recompras y canjes” del portafolio de deudas del Estado, tanto en el país como en el extranjero, con base en un reglamento por definirse.