{"id":4814,"date":"2018-09-04T12:02:12","date_gmt":"2018-09-04T18:02:12","guid":{"rendered":"http:\/\/estuderecho.com\/sitio\/?p=4814"},"modified":"2018-09-04T09:10:39","modified_gmt":"2018-09-04T15:10:39","slug":"inconstitucionalidad-general-declaracion-patrimonial-de-funcionarios-publicos-sentencia-de-fecha-4-de-junio-de-2018","status":"publish","type":"post","link":"http:\/\/estuderecho.com\/sitio\/?p=4814","title":{"rendered":"INCONSTITUCIONALIDAD GENERAL: DECLARACI\u00d3N PATRIMONIAL DE FUNCIONARIOS P\u00daBLICOS. (SENTENCIA DE FECHA 4 DE JUNIO DE 2018)"},"content":{"rendered":"<blockquote><p><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" class=\"aligncenter size-full wp-image-3607\" src=\"http:\/\/estuderecho.com\/sitio\/wp-content\/uploads\/2016\/01\/key20documents11.jpg\" alt=\"\" width=\"380\" height=\"316\" srcset=\"http:\/\/estuderecho.com\/sitio\/wp-content\/uploads\/2016\/01\/key20documents11.jpg 380w, http:\/\/estuderecho.com\/sitio\/wp-content\/uploads\/2016\/01\/key20documents11-300x249.jpg 300w, http:\/\/estuderecho.com\/sitio\/wp-content\/uploads\/2016\/01\/key20documents11-50x42.jpg 50w\" sizes=\"auto, (max-width: 380px) 100vw, 380px\" \/>RESOLUCIONES RELEVANTES<br \/>\n1. INCONSTITUCIONALIDAD GENERAL: DECLARACI\u00d3N PATRIMONIAL DE FUNCIONARIOS P\u00daBLICOS<br \/>\nSENTENCIA DE FECHA 4 DE JUNIO DE 2018, DENTRO DEL EXPEDIENTE 1732-2015<\/p><\/blockquote>\n<p><span style=\"color: #800000;\">La Corte de Constitucionalidad resolvi\u00f3 una acci\u00f3n de inconstitucionalidad general parcial en contra del art\u00edculo 21 de la Ley de Probidad y Responsabilidades de Funcionarios y Empleados P\u00fablicos, en la frase \u201c\u2026 deben tenerse como\u00a0proporcionados bajo garant\u00eda de confidencialidad, se proh\u00edbe su divulgaci\u00f3n por cualquier medio y s\u00f3lo\u2026\u201d<\/span>. Los postulantes\u00a0adujeron que dicha frase colisiona con el art\u00edculo 30 constitucional, que establece la publicidad de los actos de la\u00a0administraci\u00f3n, as\u00ed como el art\u00edculo 35 de la Constituci\u00f3n, que contempla el derecho de libre acceso a las fuentes de\u00a0informaci\u00f3n. Dicha colisi\u00f3n se produce, seg\u00fan los accionantes, pues la situaci\u00f3n de los obligados por la frase impugnada,\u00a0a presentar la referida declaraci\u00f3n jurada patrimonial, no encuadra en alguno de los supuestos de excepci\u00f3n previstos en\u00a0el Art\u00edculo 30 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica de la Rep\u00fablica, que regula la publicidad de los actos administrativos, al no tratarse<br \/>\nde asuntos militares o diplom\u00e1ticos de seguridad nacional y no ser suministrados por particulares.<\/p>\n<p>En su an\u00e1lisis, la Corte de Constitucionalidad desarroll\u00f3 los alcances del derecho a la publicidad de los actos de la\u00a0administraci\u00f3n p\u00fablica, establecida en la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica de la Rep\u00fablica de Guatemala, expresando lo siguiente:<\/p>\n<p><span style=\"color: #800000;\">\u201c\u2026Este derecho supone la posibilidad para cualquier ciudadano de obtener informaci\u00f3n de la Administraci\u00f3n P\u00fablica, sin\u00a0otro inter\u00e9s que acreditar que el que proviene de su propio albedr\u00edo como administrado, en conexi\u00f3n con el principio de\u00a0transparencia de la gesti\u00f3n p\u00fablica [sentencia de 13 de septiembre de 1989, dictada por este Tribunal dentro del\u00a0expediente 178-89]. Cabe resaltar que con esos alcances figura concebido el indicado derecho en varios instrumentos de\u00a0derecho internacional surgidos en el marco de instancias regionales y mundiales de protecci\u00f3n de Derechos Humanos, a\u00a0las que Guatemala est\u00e1 adscrita, en los cuales se le alude como componente de la libertad de expresi\u00f3n y, como tal,\u00a0elemento primordial de la vocaci\u00f3n democr\u00e1tica de los Estados. (\u2026)<\/span><br \/>\n<span style=\"color: #800000;\">En conclusi\u00f3n, la apropiada ex\u00e9gesis del Art\u00edculo 30 de la Ley Fundamental, a la luz del principio pro homine y en\u00a0concatenaci\u00f3n con la jurisprudencia y est\u00e1ndares internacionales en materia de derechos humanos aplicables, no solo\u00a0conduce a establecer el reconocimiento y el correlativo deber de tutela del principio de publicidad de los actos de la\u00a0administraci\u00f3n p\u00fablica, as\u00ed como del derecho de la poblaci\u00f3n de acceder a esa informaci\u00f3n; sino que subraya la\u00a0trascendencia que entra\u00f1a para los ciudadanos, dentro de un r\u00e9gimen aut\u00e9nticamente democr\u00e1tico, conocer las\u00a0actividades y los procesos de adopci\u00f3n de decisiones del aparato gubernamental destinado a concretar la realizaci\u00f3n de\u00a0los fines del Estado, de modo que puedan cuestionar, indagar y considerar si cada autoridad investida de poder p\u00fablico\u00a0est\u00e1 o no cumpliendo las funciones que le han sido encomendadas en la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica de la Rep\u00fablica y en las leyes.<\/span><\/p>\n<p><span style=\"color: #800000;\">Tal es, por ende, el cometido esencial del cual derivan las exigencias de observar transparencia en la gesti\u00f3n\u00a0gubernamental y de respetar el derecho de acceder a la informaci\u00f3n p\u00fablica y a sus fuentes\u2026\u201d<\/span><\/p>\n<p>El tribunal continu\u00f3 indicando que la declaraci\u00f3n jurada patrimonial es exigible a los funcionarios p\u00fablicos, con el fin de\u00a0determinar si eventualmente se produce un incremente irrazonable, desproporcionado e injustificado en su riqueza, que\u00a0pueda resultar de pr\u00e1cticas inapropiadas en el ejercicio del cargo y tambi\u00e9n para verificar si existen v\u00ednculos o\u00a0compromisos que condicionen sus acciones en el ejercicio del cargo. Es por esto, expres\u00f3 el tribunal, que la Contralor\u00eda\u00a0General de Cuentas est\u00e1 facultada para comprobar la veracidad de la informaci\u00f3n rendida. Sin embargo, la informaci\u00f3n\u00a0contenida en dicha declaraci\u00f3n jurada es de car\u00e1cter diverso y \u201cpueden aparejar implicaciones de distinta \u00edndole y grado,\u00a0tanto en t\u00e9rminos de inter\u00e9s p\u00fablico como de afectaci\u00f3n de la privacidad e intimidad de esas personas. (\u2026) [Por lo tanto,]\u00a0puede que algunos datos entra\u00f1en inter\u00e9s p\u00fablico y, adem\u00e1s, no sea justificado o proporcional que su publicidad est\u00e9\u00a0restringida \u2014en funci\u00f3n de proteger el derecho a la intimidad de las personas que ejercen funciones p\u00fablicas-; pero eso no\u00a0excluye la posibilidad de que existan otros que no conlleven inter\u00e9s p\u00fablico o que, aun teni\u00e9ndolo, s\u00ed sea justificado o\u00a0proporcional que su publicidad est\u00e9 restringida\u2026\u201d<\/p>\n<p>Adicionalmente, el Tribunal indic\u00f3 que otros pa\u00edses, como es el caso de Chile, Argentina, Per\u00fa o M\u00e9xico, han adoptado la\u00a0postura de dar un trato diferenciado a la informaci\u00f3n incluida en las declaraciones patrimoniales, permitiendo distinguir\u00a0aquella que debe ser de acceso p\u00fablico y aquella que est\u00e1 protegida por el derecho a la intimidad. Esta tarea de discernir\u00a0qu\u00e9 informaci\u00f3n debe ser p\u00fablica, en atenci\u00f3n al inter\u00e9s p\u00fablico, y cu\u00e1l otra debe permanecer bajo reserva corresponde\u00a0al Congreso de la Rep\u00fablica, seg\u00fan indic\u00f3 la Corte. Al no hacerlo de esta manera, el tribunal estim\u00f3 que el precepto\u00a0cuestionado adolece de inconstitucionalidad por omisi\u00f3n relativa, pues omite distinguir cu\u00e1ndo la regla de\u00a0confidencialidad deviene v\u00e1lida y cuando no, y as\u00ed debe declararse, en base al an\u00e1lisis constitucional y convencional\u00a0efectuado.<\/p>\n<p>Como efectos de la declaraci\u00f3n de inconstitucionalidad por omisi\u00f3n relativa, la Corte de Constitucionalidad estim\u00f3 que no\u00a0deviene acertado decretar la expulsi\u00f3n del precepto impugnado, ni emitir una sentencia interpretativa, pues eso\u00a0equivaldr\u00eda a invadir las funciones propias del legislador. En consecuencia, y para evitar el resultado de ocasiones\u00a0anteriores en que se ha exhortado al Congreso de la Rep\u00fablica sin que esto produzca un efecto \u00fatil, el Tribunal\u00a0Constitucional conmin\u00f3 a los <strong>diputados<\/strong> \u201ca que cumplan con el deber de regular de manera constitucionalmente conforme\u00a0en qu\u00e9 casos, en qu\u00e9 medida y bajo qu\u00e9 procedimientos debe ser p\u00fablica la informaci\u00f3n contenida en las declaraciones\u00a0juradas patrimoniales presentadas por los funcionarios p\u00fablicos; as\u00ed como en cu\u00e1les otros resulta justificado que\u00a0permanezca confidencial. Al efectuar esa labor, habr\u00e1n de observar las consideraciones aqu\u00ed expuestas, al igual que la\u00a0normativa y jurisprudencia internacional atinentes sobre la materia. Para el efecto se les conferir\u00e1 plazo de un a\u00f1o, contado\u00a0a partir de que adquiera firmeza este fallo, para que culminen el proceso de formaci\u00f3n de la ley respectivo\u2026\u201d<br \/>\n<strong>La acci\u00f3n fue declarada con lugar, con los efectos antes se\u00f1alados<\/strong>.<\/p>\n<p>Fuente: <a href=\"http:\/\/estuderecho.com\/sitio\/?p=4810\">Boletin de la Corte de Constitucionalidad de Guatemala<\/a><\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>RESOLUCIONES RELEVANTES 1. 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