Guatemala, crimen organizado será combatido con lo último en tecnología

Ciudad de Guatemala. Las fuerzas de seguridad se pondrán a la vanguardia en Guatemala con el uso de nuevos dispositivos de punta para combatir al crimen organizado y al narcotráfico, como parte de la plataforma tecnológica implementada por el Ministerio de Gobernación para tener una mayor certeza y resultado en los operativos.

Juan Carlos Argueta, viceministro de Tecnología de la cartera del Interior, en entrevista, explicó que esta nueva línea de seguridad va enfocada con dispositivos que brinden confidencialidad en la comunicación de los entes encargados de la protección de la ciudadanía en el país centroamericano, así como la implementación del sistema de cámaras inteligentes que ayuden a la desarticulación de bandas criminales.

“Esta plataforma tecnológica es un conjunto de metodologías y procedimientos que se basa en ejes primordiales para mejorar los niveles de seguridad de nuestro país, como la confidencialidad, la integración de bases de datos, lograr una red de conectividad, la implementación de tecnologías avanzadas y la infraestructura con equipo de cómputo (C4I)”, señaló Argueta.

Para la puesta en marcha de estos nuevos proyectos tecnológicos en Guatemala, el Ministerio de Gobernación cuenta con la cooperación de entidades extranjeras que otorgaron al menos 15 millones de dólares.

Asimismo, el costo de las cámaras de video vigilancia tanto en zonas rojas como en patrullas tendrán un costo aproximado de 300 millones de quetzales (38,26 millones de dólares).

Adiós a los radios análogos

Con el objetivo de tener la certeza y seguridad de la comunicación entre los agentes de la Policía Nacional Civil (PNC) durante la investigación de un hecho delictivo, el Ministerio de Gobernación entregó 5.000 nuevos radios digitales a los efectivos de seguridad de los departamentos de Guatemala, San Marcos y Quetzaltenango.

Este proyecto se inició en la fase de prueba en 2013 dentro de las comisarías, subcomisarias y patrullas de la PNC, para verificar que la información trasladada fuera confidencial. El plan ya comenzó a funcionar este año con el aval de su Viceministerio, indicó Juan Carlos Argueta.

Se prevé entregar 1.500 de estos aparatos digitales en cada uno de los departamentos de Chimaltenango (centro) y Escuintla (sur) en los primeros meses del 2014, hasta cubrir todo el territorio guatemalteco.

Sistema de vigilancia en patrullas

La cartera del Gobernación ya inició la cotización de 3.800 cámaras de vigilancia que serían instaladas en 1.900 patrullas, con lo que buscan transparentar la labor de los agentes de la Policía porque trasmitirán un video en tiempo real.

Cada patrulla contaría con dos cámaras de seguridad, una en la parte frontal para tener una visión de los procedimientos en operaciones especiales en control de desórdenes públicos, entre otros sucesos, y otra interna que permitirá observar a los tripulantes de los vehículos policiales, explicó el titular del Interior.

Videocámaras en zonas rojas

El sistema de video vigilancia para continuar con la disminución de la incidencia criminal en las denominadas zonas rojas en la capital guatemalteca, será colocado en lugares estratégicos donde se ha localizado que existe mayor incremento de criminalidad.

El plan incluye la instalación de 5.000 cámaras con el fin de aumentar la prevención y el combate del delito.

Este primer proyecto comenzará en la zona 18, en la periferia norte de la ciudad de Guatemala, continuará en los municipios de Villa Nueva y Mixco, San Miguel Petapa, Amatitlán, para finalizar en el departamento de Escuintla, ubicado en la costa sur del país.

Combate al narcotráfico

Para aumentar la capacidad operativa contra el narcotráfico, el Ministerio de Gobernación tiene previsto cotizar el precio e instalación de seis cámaras con tecnología avanzada para los helicópteros utilizados en el combate contra el narcotráfico en el país centroamericano.

Este nuevo equipo contará con visión nocturna, sensor infrarrojo y detector térmico durante las operaciones especiales.

“El costo de estas cámaras aún está en la etapa de análisis, pero puede oscilar entre los 12 millones de dólares debido a su calidad”, indicó Argueta.

Para el 2014, también se tiene prevista la incorporación de vehículos aéreos no tripulados (conocidos en castellano por sus siglas como VANT y cómo drones), los cuales permitirán una vigilancia a una altura de 150 metros recorriendo una línea recta de 5 kilómetros y trasmitiendo imágenes de las áreas localizadas.

09:52 a.m.
Fuente: Emisoras Unidas 89.7 FM

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Ejecutivo dispone de US$357.6 millones del BID sin ejecutar


Hay en cartera 14 proyectos que avanzan a paso lento, debido a problemas y falta de interés para implementarlos.

Lorena Álvarez

Con el crédito de US$237 millones que está pendiente de aprobación en el Congreso, Guatemala alcanzará US$594.8 millones en cartera con el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), para proyectos destinados a educación, salud, agua y saneamiento, energía, justicia, competitividad y fortalecimiento fiscal.

A decir de Emmanuel Seidner, diputado de la bancada Compromiso, Renovación y Orden (Creo), del monto total de la cartera, la ejecución de US$357.6 millones distribuidos en 14 proyectos avanza de forma lenta, pese a que han sido aprobados desde hace varios años. Los restantes US$237.2 millones están pendientes de ser aprobados en el Legislativo.

Los recursos van dirigidos a sectores que son importantes en la estrategia del Gobierno, como la seguridad ciudadana, educación, nutrición, energía eléctrica y salud, dijo Seidner.

Ejecución rezagada

En el detalle de la cartera con el BID, que tiene un bajo desempeño, Seidner indicó que se tiene un monto de US$71.6 millones destinados a programas de agua y saneamiento que deben implementar el Instituto de Fomento Municipal (Infom), el Fondo Nacional para la Paz (Fonapaz) y la Autoridad para el Manejo Sustentable del Lago de Amatitlán (Amsa).

En el área de educación se tiene un proyecto por US$95.6 millones para mejorar la infraestructura escolar y equipar los establecimientos de preprimaria y primaria, así como materiales para estudiantes con necesidades especiales.

Según el diputado Carlos Mejía, integrante de la Comisión de Educación del Congreso, entre otros inconvenientes, este proyecto actualmente está sin ejecución debido a que algunos de los establecimientos escolares se encuentran en propiedades comunales o privadas, donde el Estado no puede invertir.

La Contraloría podría imponer reparos si se invierte en propiedades que no están a nombre del Estado, explicó Mejía, al comentar que el proyecto viene de un arrastre de más de cuatro años, y no se resuelven los inconvenientes por negligencia de los funcionarios o por enredados trámites burocráticos.

Otros proyectos con inconvenientes son la ejecución de US$30 millones para el sector justicia, que incluye la modernización de centros integrados, juzgados de Paz, comisarías y el fortalecimiento de la investigación criminal y de la defensa pública. Sin embargo, el BID señala que los recursos están aprobados desde hace seis años, y hay necesidad de reformular los mecanismos de ejecución entre cinco instancias que participan en el proyecto.

Fuentes del sector señalan que pese a la necesidad que existe, no hay interés en ejecutar los proyectos para los que se contempla un monto importante de recursos.

Similar es el caso del Instituto Nacional de Electrificación (INDE), que cuenta con un proyecto de US$31.7 millones para conectar a la red eléctrica las viviendas que lo requieren en los municipios más pobres. Según explicaron fuentes del sector, uno de los problemas para solicitar desembolsos al BID es la falta de autorización de derechos de vía, que ha complicado el avance de los planes en el área rural.

Recién autorizado

En el listado también se incluyen US$28.8 millones para el Ministerio de Economía y el Programa Nacional de Competitividad (Pronacom), que se destinarán al desarrollo del sector privado.

Juan Carlos Paiz, comisionado del Pronacom, explicó que luego de concluir los trámites y presentar el plan para iniciar los desembolsos a partir de octubre, se inició la ejecución del proyecto que busca la mejora del clima de negocios y el desarrollo territorial.

El proyecto está planificado para cinco años y se enfocará en incentivar la competitividad en cinco sectores: TICs, frutas y vegetales, turismo, desarrollo forestal y manufactura liviana.

En general, Seidner considera que debe fortalecerse un Gabinete de Cooperación con la participación de Segeplan, el Ministerio de Finanzas y la Cancillería, para mejorar la ejecución de los recursos provenientes de préstamos.

“No hay voluntad política en los ministerios de Educación y Comunicaciones (Unidad de Construcción de Edificios del Estado –UCEE–), para fortalecer la estrategia bilateral para ejecutar el proyecto”.

Carlos Mejía, diputado.

07:28 a.m.
Fuente: Plaza Pública

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