Historia de la Constitución Política de la República de Guatemala

El antecendente concreto más antiguo del constitucionalismo guatemalteco – y centroamericano –  se encuentra en el “Proyecto de Constitución” de 112 artículos más una “Declaración de Derechos”, que el diputado por el ayuntamiento de la capital, Antonio Larrazábal, llevó a las Corte de Cádiz. Este documento se elaboró en 1810 y se perdió en España.

Luego de la independencia, en 1823, La Asamblea creó unas “Bases Constitucionales”, como bases para el “Proyecto Constitucional”. Como las otras provincias dentro de la Federación, el estado de Guatemala, tuvo una Constitución, calcada de la federal, que se promulgó en 1825 y estuvo vigente hasta el rompimiento de la federación.

Desde 1839 hasta 1851 hubo 4 proyectos constitucionales. Luego de esto, en el movimento liberal de reforma de Barrios y García Granados, se abre el camino hacia una constitución. Se crean 2 proyectos que nunca fueron aprobados. Posteriormente, Barrios gobernó inicialmente sin constitución.

En 1876, Barrios presionó para crear una constitución. Se promulgó una breve constitución de 104 artículos, la cual estuvo vigente hasta 1944 (reformada en 8 ocasiones: 1885, 1887, 1903, 1921, 1927, 1935 y 1941).

Con la caída del dictador Ubico, en 1944, se abrió una revolución de ideas, libertad y esperanza. En este marco, se creó la revolución de 1945.

Con la intervención norteaméricana, se derrocó al gobierno legítimo y los títeres que les siguieron crearon una nueva constitución en 1956, con presiones fuertes de los intereses extranjeros y en el marco de la guerra fría.

En un golpe de estado en 1965, el ejercito nuevamente alteró el orden constitucional e inexplicablemente derogó la constitución y ordenó que se aprobara otra.

El General Ríos Montt tomó el poder, en una junta militar de tres miembros que anuló la constitución de 1965, disolvió el Congreso, suspendió los partidos políticos y anuló la ley electoral.

Al ser depuesto Rios Montt, en mayo de 1985, después de 9 meses de debate, la Asamblea Constituyente terminó de redactar una nueva constitución, vigente hasta ahora (con una reforma de 1993).

Fuente: Política y Constitución en Guatemala / Jorge Mario García – Wikipedia

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Juicio de ex dictador guatemalteco Efraín Ríos Montt por genocidio avanzará

El 28 de enero de 2013, el juez Miguel Gálvez de Guatemala dictaminó que el ex dictador José Efraín Ríos Montt deberá ser juzgado por genocidio y crímenes de lesa humanidad cometidos durante su mandato entre 1982 y 1983. La decisión del tribunal de proceder con el juicio es crucial para garantizar justicia para las víctimas de violaciones de derechos humanos perpetradas durante el conflicto armado interno en Guatemala.

Ríos Montt es acusado de genocidio por la masacre de más de 1.750 indígenas mayas Ixil, en el departamento guatemalteco de Quiché. (El ex general José Mauricio Rodríguez también enfrentará la justicia). Ríos Montt supervisó una campaña de tierra arrasada que resultó en la muerte de miles de personas. Sus 17 meses en el poder fueron de los más violentos de los 36 años de guerra interna en Guatemala, que dejó 200.000 muertos y entre 40.000 y 50.000 desaparecidos. El proceso hacia el fallo de esta semana comenzó en enero de 2012, cuando Ríos Montt perdió la inmunidad que gozaba como diputado del Congreso de la República. Posteriormente fue ligado al proceso judicial en su contra por genocidio y crímenes contra la humanidad. En marzo de 2012, un juez abrió aún más el camino para un juicio al negar la petición de amnistía de Ríos Montt.

El fallo del 28 de enero es histórico por varias razones, principalmente porque el juicio de Ríos Montt será el primer caso de genocidio del conflicto armado interno en el país y primer caso contra un ex jefe de Estado por crímenes del pasado. Aunque la Fiscal General Claudia Paz y Paz ha traído un creciente número de ex miembros de las fuerzas militares a juicio por violaciones de derechos humanos perpetradas durante la guerra interna (como la masacre de Dos Erres en 1982), es significativo que Ríos Montt está siendo procesado por ser el supuesto autor intelectual de las matanzas. Y como WOLA ha señalado anteriormente, dados los altos niveles de impunidad en Guatemala, hay que destacar que el proceso judicial contra Ríos Montt siquiera haya iniciado. WOLA espera que el caso sirva de precedente para que otros militares de alto rango sean sometidos a la justicia por violaciones de derechos humanos.

WOLA apoya la decisión del 28 de enero como un logro importante para la justicia, la rendición de cuentas y el Estado de Derecho en Guatemala. El presidente de Guatemala, Otto Pérez Molina, debería públicamente apoyar esta decisión histórica y seguir brindando a la Fiscalía General la independencia, la autonomía y el apoyo necesario para llevar a cabo este proceso judicial. El gobierno de Estados Unidos también debería apoyar este proceso, manteniendo la prohibición sobre la ayuda militar a Guatemala hasta que sea evidente que las Fuerzas Armadas en Guatemala están comprometidas a respetar los derechos humanos y el Estado de Derecho, y cooperar con las investigaciones y el procesamiento penal de miembros del ejército acusados de haber perpetrado violaciones de derechos humanos durante el conflicto armado interno.

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