Hay en cartera 14 proyectos que avanzan a paso lento, debido a problemas y falta de interés para implementarlos.
Lorena Álvarez
Con el crédito de US$237 millones que está pendiente de aprobación en el Congreso, Guatemala alcanzará US$594.8 millones en cartera con el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), para proyectos destinados a educación, salud, agua y saneamiento, energía, justicia, competitividad y fortalecimiento fiscal.
A decir de Emmanuel Seidner, diputado de la bancada Compromiso, Renovación y Orden (Creo), del monto total de la cartera, la ejecución de US$357.6 millones distribuidos en 14 proyectos avanza de forma lenta, pese a que han sido aprobados desde hace varios años. Los restantes US$237.2 millones están pendientes de ser aprobados en el Legislativo.
Los recursos van dirigidos a sectores que son importantes en la estrategia del Gobierno, como la seguridad ciudadana, educación, nutrición, energía eléctrica y salud, dijo Seidner.
Ejecución rezagada
En el detalle de la cartera con el BID, que tiene un bajo desempeño, Seidner indicó que se tiene un monto de US$71.6 millones destinados a programas de agua y saneamiento que deben implementar el Instituto de Fomento Municipal (Infom), el Fondo Nacional para la Paz (Fonapaz) y la Autoridad para el Manejo Sustentable del Lago de Amatitlán (Amsa).
En el área de educación se tiene un proyecto por US$95.6 millones para mejorar la infraestructura escolar y equipar los establecimientos de preprimaria y primaria, así como materiales para estudiantes con necesidades especiales.
Según el diputado Carlos Mejía, integrante de la Comisión de Educación del Congreso, entre otros inconvenientes, este proyecto actualmente está sin ejecución debido a que algunos de los establecimientos escolares se encuentran en propiedades comunales o privadas, donde el Estado no puede invertir.
La Contraloría podría imponer reparos si se invierte en propiedades que no están a nombre del Estado, explicó Mejía, al comentar que el proyecto viene de un arrastre de más de cuatro años, y no se resuelven los inconvenientes por negligencia de los funcionarios o por enredados trámites burocráticos.
Otros proyectos con inconvenientes son la ejecución de US$30 millones para el sector justicia, que incluye la modernización de centros integrados, juzgados de Paz, comisarías y el fortalecimiento de la investigación criminal y de la defensa pública. Sin embargo, el BID señala que los recursos están aprobados desde hace seis años, y hay necesidad de reformular los mecanismos de ejecución entre cinco instancias que participan en el proyecto.
Fuentes del sector señalan que pese a la necesidad que existe, no hay interés en ejecutar los proyectos para los que se contempla un monto importante de recursos.
Similar es el caso del Instituto Nacional de Electrificación (INDE), que cuenta con un proyecto de US$31.7 millones para conectar a la red eléctrica las viviendas que lo requieren en los municipios más pobres. Según explicaron fuentes del sector, uno de los problemas para solicitar desembolsos al BID es la falta de autorización de derechos de vía, que ha complicado el avance de los planes en el área rural.
Recién autorizado
En el listado también se incluyen US$28.8 millones para el Ministerio de Economía y el Programa Nacional de Competitividad (Pronacom), que se destinarán al desarrollo del sector privado.
Juan Carlos Paiz, comisionado del Pronacom, explicó que luego de concluir los trámites y presentar el plan para iniciar los desembolsos a partir de octubre, se inició la ejecución del proyecto que busca la mejora del clima de negocios y el desarrollo territorial.
El proyecto está planificado para cinco años y se enfocará en incentivar la competitividad en cinco sectores: TICs, frutas y vegetales, turismo, desarrollo forestal y manufactura liviana.
En general, Seidner considera que debe fortalecerse un Gabinete de Cooperación con la participación de Segeplan, el Ministerio de Finanzas y la Cancillería, para mejorar la ejecución de los recursos provenientes de préstamos.
“No hay voluntad política en los ministerios de Educación y Comunicaciones (Unidad de Construcción de Edificios del Estado –UCEE–), para fortalecer la estrategia bilateral para ejecutar el proyecto”.
Carlos Mejía, diputado.
