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Magistrados del Poder Judicial resolvieron a favor de los jueces  José Eduardo Cojulún,Julio Gerónimo Xitumul, Silvia Violeta De León y Silvia Coralia Morales, al considerar que en sus resoluciones no existen indicios del delito de prevaricato criminales como lo señaló la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala.

El proceso de antejuicio
El artículo 206 de la Constitución Política de Guatemala establece, en su primer párrafo, que los magistrados y juzgadores tienen derecho a antejuicio, lo cual significa que no pueden ser juzgados de forma inmediata, pues debe realizarse todo el proceso por parte de los pesquisidores, quienes informan a la Cámara de Amparo y Antejuicio sobre la investigación, que puede ser la base para determinar si procede, o no, la formación de causa.
De acuerdo con el titular de la Cámara de Amparos, Mynor Franco, las resoluciones que deben emitirse, luego de que el juez pesquisidor entrega su informe, tienen prioridad. El dictamen final debe analizarse y resolverse en el pleno de  magistrados de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), cuyos integrantes deciden si les retiran la inmunidad a los cuestionados, para que el MP los investigue penalmente.
El presidente del Poder Judicial, Gabriel Medrano, expresó: “Todas las resoluciones las debemos estudiar meticulosamente”, refrendando las palabras del magistrado Mynor Franco.
Uno de los casos
Uno de los informes de las investigaciones contra los administradores de la Justicia recomienda retirarle la inmunidad a Sergio Leonel Castro Romero, al considerar que no existían argumentos legales para archivar la carpeta judicial del caso  Guategate, relativo a la alteración de la Ley del Impuesto sobre la Distribución de Bebidas Alcohólicas y Gaseosas, en el cual estuvieron implicados 22 diputados del partido Frente Republicano Guatemalteco.
El presidente de la Cámara de Amparos, Mynor Franco, indicó: “Tenemos pendientes de resolver ocho investigaciones que ya fueron entregadas, las cuales resolveremos a la brevedad posible”. Por otra parte, garantizó que los dictámenes en todos los casos serán apegados a Derecho.
Por su lado, el vocero de la CICIG, Diego Álvarez, expresó: “Se analiza agotar todas las acciones legales y son estudiadas con el MP”.