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5 de septiembre de 2018

Las acciones del presidente Morales demandan una respuesta firme de la comunidad internacional y de los EE.UU.

Washington, DC—El 4 de septiembre, el gobierno de Guatemala declaró al Comisionado Iván Velásquez, dirigente de la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), una “amenaza a la seguridad pública” y ordenó a las autoridades migratorias a bloquear a Velásquez para que no vuelva a ingresar al país. Esto le sigue al pronunciamiento de la semana pasada, según el cual el presidente Jimmy Morales no renovará el mandato de la CICIG, que vence en 2019. Los anuncios vienen en medio de una intensificación de la investigación sobre él y sus aliados por acusaciones de  corrupción. Según el grupo de investigación e incidencia la Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos (WOLA, por sus siglas en inglés), el cual ha estudiado la eficacia de la CICIG, las recientes acciones de Morales representan una grave amenaza para la democracia y el estado de derecho en Guatemala, y violan el fallo de la Corte de Constitucionalidad del país y su acuerdo con las Naciones Unidas.

“El Comisionado Iván Velásquez y la CICIG han tenido un impacto real en la lucha por la justicia en Guatemala. Sus esfuerzos han sido fundamentales para exponer redes criminales que han cooptado al estado”, dijo Adriana Beltrán, Directora para Seguridad Ciudadana en WOLA. “Morales no está actuando en el interés del pueblo de Guatemala, sino para obstruir la justicia y evitar que él y sus familiares sean responsabilizados en la investigación en curso”, dijo Beltrán.

Pocos minutos antes del anuncio del viernes, vehículos de grado militar donados por el Departamento de Defensa de los EE. UU. para combatir tráfico de drogas y el crimen organizado, se desplegaron fuera de las oficinas de la CICIG, así como de varias otras embajadas, incluyendo la de los Estados Unidos. Hace algunas semanas, la Oficina del Fiscal General de Guatemala y la CICIG presentaron su tercer pedido ante la Corte Suprema de Justicia para levantar la inmunidad del Presidente Morales para que pueda ser investigado por alegados crímenes de financiamiento de campaña. La Corte Suprema de Justicia permitió que la solicitud avanzara al Congreso, que ahora debe decidir si levanta la inmunidad del presidente.

“Los ataques contra la Comisión y sus esfuerzos representan un serio riesgo para los intereses de seguridad de los EE. UU. y la seguridad regional de América Central”, dijo Beltrán. “Combatir la corrupción sistémica es fundamental para frenar la violencia, el crimen organizado y la pobreza que impulsa la migración irregular desde la región”.

El gobierno de los Estados Unidos ha invertido por lo menos $44,5 millones en financiamiento para la CICIG desde su creación en el 2007. Además, los Estados Unidos han comprometido $159 millones en financiamiento para Guatemala en lo que lleva del año fiscal 2017, de los cuales $78,4 millones han sido utilizados para apoyar la seguridad, justicia, prevención de violencia e iniciativas derechos humanos en el país. Además, $22,5 millones en fondos del Departamento de Defensa han ido hacia apoyar las actividades antidrogas del ejército de Guatemala, cubriendo los gastos de equipo, entrenamiento y vehículos. El resto de la asistencia ha sido dedicada a la seguridad fronteriza y programas de desarrollo. De los $625 millones aprobados para el año fiscal 2018, aún no está claro cuánto irá a Guatemala. El Congreso actualmente está debatiendo los fondos de asistencia para el año fiscal 2019.

“Los ataques contra la CICIG representan una bofetada en la cara del gobierno estadounidense, el cual ha invertido millones de dólares en Centroamérica durante la última década para mejorar las condiciones en la región. Los Estados Unidos deberían suspender inmediatamente todo el financiamiento a Guatemala, hasta que haya un claro compromiso a combatir la corrupción. Los Estados Unidos deberían utilizar todas la herramientas disponibles contra aquellos que quieren socavar la lucha contra la corrupción”, dijo Beltrán.

Hay un consenso amplio de que la CICIG es uno de los mecanismos más exitosos en la lucha contra la corrupción y el crimen organizado. Ha recibido grandes elogios de parte de las Naciones Unidas y la Unión Europea, y ha gozado de apoyo bipartidista en los Estados Unidos. Además, cuenta con el apoyo de alrededor del 70 por ciento de los guatemaltecos, según una encuesta del 2017.