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Redacción > elPeriódico
La vicepresidenta Roxana Baldetti, criticó ayer, en una entrevista con Emisoras Unidas, la declaración patrimonial del presidente de México, Enrique Peña Nieto, se negó una vez más a hacer público su patrimonio y responsabilizó a dos diputados de su partido por la entrega de juguetes con su fotografía a niños del hospital San Juan de Dios.
“Aquí está la (declaración de probidad) de Enrique Peña Nieto. Léanla por favor, la que dijeron que era lo máximo. Yo tengo una copia de (la declaración) de Peña Nieto, me da risa, porque yo sí digo dónde debo, a quién le debo y en cuánto están hipotecadas mis casas”, dijo la funcionaria, cuyo patrimonio asciende a más de US$13.4 millones, según investigaciones realizadas por elPeriódico.
Aunque la legislación mexicana no obliga a hacer público su patrimonio, el presidente Peña Nieto y su Gabinete dieron a conocer sus propiedades y bienes en enero pasado, luego de asumir el Gobierno, tal y como lo informó elPeriódico el sábado último.
“Queremos ser ejemplo para la ciudadanía, la corrupción es un cáncer que no solo afecta los ámbitos públicos, sino también el ámbito privado, pero toca al Gobierno establecer un ejemplo claro y que eso puede permear como un ejemplo de responsabilidad”, dijo el Presidente mexicano, y destacó que, al divulgar su declaración de probidad, “está cumpliendo con un mandato legal y con una obligación ética que normará los actos de quienes somos parte del Gobierno”.
Lo que dijo Baldetti
“Yo traigo aquí mi declaración patrimonial, quieren verla, ahí está, no tengo nada que esconder. Ahora se ha vuelto el capricho de un medio, un chantajista, porque no le dimos dinero, él fue el que empezó esto y ustedes lo siguieron”, dijo Baldetti, en la entrevista con Emisoras Unidas.
A la pregunta “¿usted es millonaria?”, Roxana Baldetti insistió a los entrevistadores que revisaran su declaración jurada, un documento que llevó al programa, pero que no detalló.
Las declaraciones de Baldetti se producen una semana después de que el presidente Otto Pérez Molina afirmara que la Vicepresidenta estaba dispuesta a hacer pública su declaración patrimonial, pero ella se niega a hacerlo, amparándose en el Articulo 21 de la Ley de Probidad.
Baldetti ha reiterado una y otra vez que su declaración está en la Contraloría General de Cuentas (CGC), y que si alguien quería saber el contenido de esta, tendría que dirigirse directamente a la entidad fiscalizadora.
Ayer se preguntó de nuevo sobre el tema a la contralora general de Cuentas, Nora Segura, quien afirmó que Roxana Baldetti está mal asesorada, debido a que nadie puede consultar la declaración patrimonial de un funcionario.
“Yo no puedo dársela a nadie, aunque ella me llamara por teléfono y me pidiera favor, yo no podría. A menos que venga una orden judicial para verificar”, fue la respuesta de Nora Segura.
Diferentes fuentes consultadas por elPeriódico sostienen que Baldetti tiene la facultad de hacer pública su declaración patrimonial, y que la Ley de Probidad no se lo impide, tal y como ella ha declarado. Un ejemplo de esto, agregan las fuentes, lo dio el mismo presidente Otto Pérez Molina, el 23 de febrero de 2012, cuando declaró públicamente que su patrimonio sumaba aproximadamente Q9 millones.
La opinión de los abogados
Para el abogado Mario Fuentes Destarac, la Ley de Probidad incurre en inconstitucionalidad, ya que el Artículo 30 de la Carta Magna indica que los documentos deben ser públicos, a menos de que sean de particulares.
Según Rodolfo Rohrmoser, Baldetti puede hacer público su registro de bienes, si ella así lo decide. “Es derecho del funcionario hacerlo público o no. La ley no se lo impide, si ella quiere, ella puede hacerlo”, explica el abogado.
Alejandro Balsells se suma a estas opiniones, que explican que la ley no impide al funcionario presentar su declaración, e indica que el derecho de publicidad que ella tiene es semejante al derecho a declarar en un juicio.
Al menos 259 candidaturas –un récord– fueron presentadas al Nobel de la Paz que se entregará el próximo viernes. Estas no son difundidas públicamente por el Instituto Nobel noruego, lo que permite que expertos y aficionados intenten adivinar el resultado antes del anuncio oficial.
El director del Instituto de Investigación sobre la Paz de Oslo (PRIO) Kristian Berg Harpviken, difundió un listado con cinco posibles candidatos al premio Nobel de la Paz, entre los que se encuentra la fiscal general guatemalteca Claudia Paz y Paz.
Esta institución investiga cada año a los candidatos y con base en sus estudios, elabora un ranquin con los favoritos. El motivo de la elección de Paz y Paz, en el cuarto lugar de la lista, fue haber llevado a juicio al general retirado José Efraín Ríos Montt; es primera vez que se juzga a un exjefe de Estado por genocidio en su propio país.
Los otros candidatos son Malala Yousafzai, activista pakistaní de 16 años, que defiende los derechos educativos de las niñas; las rusas Lyudimla Alexeyeva, Svetlana Gannushkina y Lilya Shibanova, activistas de derechos humanos; la hermana Mary Tarcisia Lokot, ugandesa religiosa que trabaja por la reconciliación en Uganda; Denis Mukwege, ginecólogo congoleño que lucha contra la violencia sexual.
08:36 a.m.
Fuente: DeGuate y Transdoc.
Guatemaltecos con cédula de vecindad y que no cuentan con el Documento Personal de Identificación (DPI), el cual no se puede obtener en el extranjero, podrán tramitar sus pasaportes mientras se resuelve el conflicto
Después de seis semanas sin poder tramitar sus pasaportes, los guatemaltecos en Los Ángeles ya tienen la posibilidad de obtener ese documento.
“En este momento, todas las personas que tengan cédula de vecindad pueden asistir (al consulado) para poder obtener su pasaporte”, dijo el Cónsul General de Guatemala, Pablo García Sáenz.
El diplomático dijo que la medida es temporal hasta que se resuelva el conflictoexistente para la obtención del Documento Único de Identidad (DPI) en el extranjero.
Anteriormente los connacionales guatemaltecos podían presentar la cédula de vecindad para solicitar sus pasaportes.
Sin embargo, desde el pasado 24 de agosto este documpento perdió validez y solo se aceptaba el DPI.
La tramitación o renovación del pasaporte se convirtió en una tarea casi imposible debido a que no es posible obtener el DPI fuera de Guatemala.
El cónsul aclaró que el hecho de que tenga la cédula de vecindad no significa que automáticamente puedan tener el pasaporte. “Hay que hacer un pre registro para nosotros determinar si ellos ya se encuentran en el sistema nuevo que se creó para la expedición del DPI”, dijo García Sáenz.
Los usuarios deben presentar su cédula de vecindad, aunque esté vencida, e inscribirse en el registro del DPI a través de la pagina web del Registro Nacional de las Personas (RENAP).
Puede hacerlo desde su casa, imprimir la constancia y acercarse al consulado con ese documento y la cédula para la tramitación del pasaporte. Para aquellos que no tengan acceso a Internet, también existe la opción de solicitar el ingreso al registro del RENAP directamente en el consulado y en ese caso la persona debe llevar dos fotografías tipo pasaporte. El costo del pasaporte sigue siendo de $65 dólares.
“Es una medida temporal en tanto el Registro Nacional de las Personas se instala en el exterior”, dijo García Sáenz.
Se espera que con esa medida aumente la capacidad de atención al cliente, la cual, señala el cónsul, había disminuido a un 15 por ciento desde que la cédula perdió su vigencia hace seis semanas.
“Esperamos atender a un 60 por ciento”, dijo, resaltando que el otro 40 por ciento de la población incluiría a las personas que nunca tuvieron cédula o que cumplieron la mayoría de edad fuera de Guatemala y nunca obtuvieron ese documento.
“No tenemos todavía como solucionárselos hasta que no venga el Registro Nacional de las Personas”, añadió.
Luis Guerrero es uno de los guatemaltecos que se encuentra dentro del 40 por ciento de las personas que no pueden obtener el pasaporte por carecer de la cédula de vecindad. “Vine a renovar el pasaporte para estar listo para cuando den las licencias”, dijo Guerrero a la salida del consulado, mostrando su decepción por el tiempo perdido. “Cuando yo me vine todavía no tenía cédula y mandé a pedir mi acta de nacimiento y con eso me la dieron”, dijo Guerra, quien espera tener ese documento para cuando comiencen a otorgar las licencias de conducir.
10:05 a.m.
Fuente: Banca y Negocios y TRANSDOC
Las autoridades electorales de Guatemala y Belice iniciaron acercamientos este lunes para poner fecha a la consulta popular que decidirá si se eleva o no a la Corte Internacional de Justicia un viejo diferendo territorial.
“La reunión tuvo lugar en el marco de las nuevas medidas de fomento de la confianza que ambos países adoptaron en mayo pasado, con el fin de mejorar las condiciones necesarias para establecer una nueva fecha para celebrar los referendos simultáneos”, informó la Organización de Estados Americano (OEA) en un comunicado.
Las consultas servirían para saber si “la disputa territorial entre ambos países se somete a la Corte Internacional de Justicia para su resolución final”, agregó la OEA, que auspició el encuentro.
A la reunión, celebrada en San Ignacio, Belice, asistieron la presidenta del Tribunal Supremo Electoral de Guatemala, María Eugenia Villagrán y, su homólogo de Belice, Bernard Pitts.
Los dos países habían señalado el 6 de octubre como fecha del referendo, pero fue suspendido debido a que Guatemala alegó que Belice hizo reformas al plan de consulta y estableció una participación mínima del 60 por ciento del padrón electoral para que sus resultados tuvieran validez.
En la cita también participaron el director del ministerio de Relaciones Exteriores de Belice, Alexis Rosado, y el viceministro guatemalteco de Relaciones Exteriores, Carlos Raúl Morales, así como el representante del secretario general de la OEA, Raúl Lago, encargado de asuntos Belice-Guatemala.
El diferendo territorial lleva más de 150 años. Aunque Guatemala reconoció la independencia de Belice en 1991, le sigue reclamando a su vecino 12.272 kilómetros cuadrados, la mitad del territorio de la excolonia británica, lo que incluye varias islas y cayos.
10:51 a.m.
Fuente: América Economía
Año y medio después de que el Ejecutivo presentara un paquete de transparencia, fue dictaminada la primer propuesta que incluye reformas a las normas orgánicas de la Contraloria General de Cuentas (CGC), de la Superintendencia de Administración Tributaria (SAT) y del Presupuesto.
El proyecto prohíbe la contratación de deuda flotante, contempla un incremento presupuestario para la Contraloría, elimina la ejecución con onegés, fundaciones y asociaciones; establece un delito para el funcionario que se resista a ser fiscalizado.
Para la sesión prevista para la tarde de este martes, se espera que una posible aprobación de la propuesta, pero aún no se han logrado acuerdos, ya que se esta negociando a cambio de los préstamos que le urgen al partido oficial, así como los cambios a la Ley Electoral.
La iniciativa fue criticada por varios sectores sociales, entre ellos los trabajadores de la Contraloría, quienes adujeron que las reformas podrían debilitar esa institución, ya que disminuyen las sanciones por faltas administrativas que este ente impone a los funcionarios y empleados públicos.
De acuerdo con la iniciativa, los ingresos privativos —que obtiene la CGC de multas y sanciones— deberán ir al fondo común, y luego solo le devolverán el 25 por ciento.
También reforma en el artículo 69 a la Ley Orgánica del Presupuesto, el cual permite al Ministerio de Finanzas contratar de manera directa operaciones financieras, como “recompras y canjes” del portafolio de deudas del Estado, tanto en el país como en el extranjero, con base en un reglamento por definirse.