Convocatoria del Consejo Superior Universitario para movilización del ciudadana 20s. (Resolución del Consejo Superior Universitario, contenida en Punto SEGUNDO, Inciso 2.1 del Acta No. 28-2018)

Resolución del Consejo Superior Universitario, contenida en Punto SEGUNDO, Inciso 2.1 del Acta No. 28-2018.

ACUERDO de Consejo Superior Universitario, en funcio?n de sus dos u?ltimos pronunciamientos pu?blicos emitidos sobre la crisis actual que atraviesa el pai?s, y debido al agravamiento de la situacio?n social y poli?tica, en la cual se encuentran en amenaza las garanti?as constitucionales y el respeto al Estado de Derecho por las Autoridades del Organismo Ejecutivo y Legislativo de Guatemala.

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Corte de Constitucionalidad otorga amparo provisional para que Comisionado de CICIG ingrese a Guatemala

Los Magistrados de la Corte de Constitucionalidad por Unanimidad resolvieron otorgar el amparo provisional para que el Comisionado de CICIG ingrese a Guatemala!

Los detalles a continuación:

Amparo Provisional para que Comisionado de CICIG ingrese a Guatemala by Estudiantes por Derecho on Scribd

POR TANTO
La Corte de Constitucionalidad, con base en lo considerado y leyes citadas, resuelve:

I. Incorpórense al expediente respectivo los escritos que anteceden, contentivos de informes circunstanciados y documentos adjuntos, cuyo ingreso quedó registrado en este Tribunal con los números catorce mil trescientos sesenta y cinco-dos mil dieciocho (14365-2018), catorce mil trescientos setenta y tres-dos mil dieciocho (14373-2018) y catorce mil trescientos setenta y ocho-dos mil dieciocho (14378-2018), que remitieron, en el orden, Jimmy Morales Cabrera, Presidente de la República de Guatemala; Raquel María Vicente, Coordinadora de la Subdirección de Control Migratorio de la Dirección General de Migración, y Carlos Emilio Morales Cancino, Director General del Instituto Guatemalteco de Migración, autoridades denunciadas en el amparo.

II. Con base en la documentación acompañada, se reconocen las calidades que ejercen los comparecientes.

III. Se toma nota de que los presentados actúan con el auxilio de los abogados propuestos, así como de los lugares que señalaron para recibir notificaciones.

IV. En cuanto al acto cuestionado que emitió el Presidente de la República de Guatemala, se otorga el amparo provisional solicitado, con los siguientes efectos: i) el Presidente de la República de Guatemala, como representante de la unidad nacional y obligado a velar por los intereses de toda la población de la República y responsable de dirigir la política exterior, con el fin de preservar el bien común y la armonía ciudadana, debe realizar las negociaciones con el Secretario General de la Organización de Naciones Unidas, hasta agotar las vías de diálogo previstas en el artículo 12 del Acuerdo entre la Organización de las Naciones Unidas y el Gobierno de Guatemala relativo al establecimiento de una Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala, a efecto de que sea mediante esos mecanismos que se defina cualquier controversia relacionada con la interpretación o aplicación del citado Acuerdo. Lo anterior en debida observancia de lo previsto en los artículos 1, 140, 149, 182 y 183, literal o), de la Constitución Política de la República de Guatemala, y ii) permita el ingreso al territorio nacional del Comisionado o la Comisionada de la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), el cual deberá realizarse en armonía con lo que establece el Acuerdo entre la Organización de las Naciones Unidas y el Gobierno de Guatemala relativo al establecimiento de una Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala, entre ambas partes.

V. Se considerará incumplida la orden contenida en la literal anterior, en el momento en el que no se permita el ingreso al territorio guatemalteco del Comisionado o de la Comisionada, el cual deberá efectuarse, como se afirmó, atendiendo lo regulado en el Acuerdo internacional mencionado. VI. En cuanto al Director General del Instituto Guatemalteco de Migración y la Coordinadora de la Subdirección de Control Migratorio, se otorga el amparo provisional en el sentido de ordenar a tales funcionarios que, en el marco de sus funciones, conforme lo normado en el Acuerdo internacional relacionado, permitan el ingreso al territorio nacional de la o el citado Comisionado. De la misma forma que se previó en la literal que antecede, esta orden se considerará incumplida en el momento en el que no se permita el ingreso al territorio guatemalteco del Comisionado o la Comisionada, derivado de la inobservancia de lo que establece el Acuerdo internacional multicitado.

VII. El incumplimiento de las órdenes dispuestas en el presente auto irrogará a los funcionarios responsables las sanciones que corresponden de conformidad con la Ley de la materia.

VIII. Se tienen como terceros interesados y, por lo tanto, como partes en el amparo a: i) Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala, ii) Procurador de los Derechos Humanos, iii) Procuraduría General de la Nación y iv) Ministra de Relaciones Exteriores.

IX. De los informes circunstanciados que remitieron las autoridades denunciadas se da vista al solicitante del amparo, a las terceras interesadas mencionadas y al Ministerio Público, por medio de la Fiscalía de Asuntos Constitucionales, Amparos y Exhibición Personal, por el término común de cuarenta y ocho horas.

X. Notifíquese.

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Ataque del gobierno de Guatemala contra comisión anticorrupción es un intento descarado de obstruir la justicia (Comunicado WOLA)

 

Comunicado de prensa  de la Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos

5 de septiembre de 2018

Las acciones del presidente Morales demandan una respuesta firme de la comunidad internacional y de los EE.UU.

Washington, DC—El 4 de septiembre, el gobierno de Guatemala declaró al Comisionado Iván Velásquez, dirigente de la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), una “amenaza a la seguridad pública” y ordenó a las autoridades migratorias a bloquear a Velásquez para que no vuelva a ingresar al país. Esto le sigue al pronunciamiento de la semana pasada, según el cual el presidente Jimmy Morales no renovará el mandato de la CICIG, que vence en 2019. Los anuncios vienen en medio de una intensificación de la investigación sobre él y sus aliados por acusaciones de  corrupción. Según el grupo de investigación e incidencia la Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos (WOLA, por sus siglas en inglés), el cual ha estudiado la eficacia de la CICIG, las recientes acciones de Morales representan una grave amenaza para la democracia y el estado de derecho en Guatemala, y violan el fallo de la Corte de Constitucionalidad del país y su acuerdo con las Naciones Unidas.

“El Comisionado Iván Velásquez y la CICIG han tenido un impacto real en la lucha por la justicia en Guatemala. Sus esfuerzos han sido fundamentales para exponer redes criminales que han cooptado al estado”, dijo Adriana Beltrán, Directora para Seguridad Ciudadana en WOLA. “Morales no está actuando en el interés del pueblo de Guatemala, sino para obstruir la justicia y evitar que él y sus familiares sean responsabilizados en la investigación en curso”, dijo Beltrán.

Pocos minutos antes del anuncio del viernes, vehículos de grado militar donados por el Departamento de Defensa de los EE. UU. para combatir tráfico de drogas y el crimen organizado, se desplegaron fuera de las oficinas de la CICIG, así como de varias otras embajadas, incluyendo la de los Estados Unidos. Hace algunas semanas, la Oficina del Fiscal General de Guatemala y la CICIG presentaron su tercer pedido ante la Corte Suprema de Justicia para levantar la inmunidad del Presidente Morales para que pueda ser investigado por alegados crímenes de financiamiento de campaña. La Corte Suprema de Justicia permitió que la solicitud avanzara al Congreso, que ahora debe decidir si levanta la inmunidad del presidente.

“Los ataques contra la Comisión y sus esfuerzos representan un serio riesgo para los intereses de seguridad de los EE. UU. y la seguridad regional de América Central”, dijo Beltrán. “Combatir la corrupción sistémica es fundamental para frenar la violencia, el crimen organizado y la pobreza que impulsa la migración irregular desde la región”.

El gobierno de los Estados Unidos ha invertido por lo menos $44,5 millones en financiamiento para la CICIG desde su creación en el 2007. Además, los Estados Unidos han comprometido $159 millones en financiamiento para Guatemala en lo que lleva del año fiscal 2017, de los cuales $78,4 millones han sido utilizados para apoyar la seguridad, justicia, prevención de violencia e iniciativas derechos humanos en el país. Además, $22,5 millones en fondos del Departamento de Defensa han ido hacia apoyar las actividades antidrogas del ejército de Guatemala, cubriendo los gastos de equipo, entrenamiento y vehículos. El resto de la asistencia ha sido dedicada a la seguridad fronteriza y programas de desarrollo. De los $625 millones aprobados para el año fiscal 2018, aún no está claro cuánto irá a Guatemala. El Congreso actualmente está debatiendo los fondos de asistencia para el año fiscal 2019.

“Los ataques contra la CICIG representan una bofetada en la cara del gobierno estadounidense, el cual ha invertido millones de dólares en Centroamérica durante la última década para mejorar las condiciones en la región. Los Estados Unidos deberían suspender inmediatamente todo el financiamiento a Guatemala, hasta que haya un claro compromiso a combatir la corrupción. Los Estados Unidos deberían utilizar todas la herramientas disponibles contra aquellos que quieren socavar la lucha contra la corrupción”, dijo Beltrán.

Hay un consenso amplio de que la CICIG es uno de los mecanismos más exitosos en la lucha contra la corrupción y el crimen organizado. Ha recibido grandes elogios de parte de las Naciones Unidas y la Unión Europea, y ha gozado de apoyo bipartidista en los Estados Unidos. Además, cuenta con el apoyo de alrededor del 70 por ciento de los guatemaltecos, según una encuesta del 2017.

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Pronunciamiento de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad de San Carlos de Guatemala ante la no renovación de la prórroga del plazo del Acuerdo de vigencia de la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala CICIG

El Decano de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad de San Carlos de Guatemala Licenciado Gustavo Bonilla y la Junta Directiva, en el marco de las declaraciones vertidas por el señor Presidente Constitucional de la República de Guatemala, referentes a la no renovación de la prórroga del plazo del Acuerdo de vigencia de la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala CICIG-, ante la comunidad universitaria y pueblo en general:

 

Fuente: www.gustavobonilla.org

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Presidente de Guatemala anuncia la no renovación de mandato de la CICIG

El presidente Jimmy Morales confirmó la no renovación del mandato de la Comisión Internacional conta la Impunidad en Guatemala (CICIG), para el efecto brindó una conferencia de prensa en el Palacio nacional de la Cultura, haciendose acompañar por el Vicepresidente de la república de Guatemala, Dr. Jafeth Cabrera, la Canciller Sandra Jovel, el Ministro de Gobernación entre otros. Esta no renovación se dio a través de un carta girada al Secretario General de la Organización d ela Naciones Unidas con sede en New York, Estados Unidos de Norte América, la misma fue signada por el Presidente guatemalteco, por la Ministra de relaciones Exteriores y por el Secretario General de la Presidencia.

Esta es la carta que envió Jimmy Morales a Naciones Unidas.

Asimismo, en conferencia de prensa el mandatario aseveró que su administración no solicitará la renovación del mandato, tal y como quedó plasmado en la nota descrita supra.

En respuesta al anuncio del presidente de Guatemala Jimmy Morales de que no renovará el mandato de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), la Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos (WOLA, por sus siglos en inglés), una organización líder en investigación e incidencia que promueve los derechos humanos en las Américas emitió la siguiente declaración de la Directora de Seguridad Ciudadana Adriana Beltrán:

“La CICIG y el Comisionado Iván Velásquez han realizado una valiosa contribución al fortalecimiento del estado de derecho y la lucha contra la corrupción sistemática en Guatemala. Esta decisión es un intento del presidente Morales de proteger sus propios intereses a luz de la investigación en curso sobre posibles delitos de financiamiento electoral ilícito a su campaña. La decisión de no renovar el mandato de la CICIG representa un ataque amplio contra los esfuerzos de crear sistemas de justicia capaces, transparentes y en funcionamiento dentro de Centroamérica. Es esencial que el Congreso de los Estados Unidos deje en claro que esta medida traerá consecuencias graves. La lucha contra la corrupción y la impunidad es fundamental para combatir la violencia, la inseguridad y la pobreza que obligan a muchos a migrar de Centroamérica a los Estados Unidos”.

 

 

 

 

 

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Propuestas de Reformas a la Constitución Política de la República de Guatemala en materia de Justicia!

Propuestas de Reformas a la Constitución Política de la República de Guatemala en materia de Justicia!

PROPUESTA PARA LA DISCUSIÓN PRESENTADAPOR LOS ORGANISMOS EJECUTIVO,LEGISLATIVO Y JUDICIAL: 
REFORMAS A LACONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LAREPÚBLICA DE GUATEMALAEN MATERIA DE JUSTICIA

PROPUESTAS DE REFORMAS A LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LA REPÚBLICA DE GUATEMALA EN MATERIA DE JUSTICIA! by Estudiantes por Derecho

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ONU dispuesta a apoyar continuidad de la CICIG

El Secretario general de Naciones Unidas dijo el lunes que la entidad está lista para continuar trabajando con Guatemala a través de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (Cicig), que ha estado investigando las redes criminales incrustadas en el país centroamericano.

Se espera que el presidente guatemalteco Otto Pérez Molina anuncie la decisión de ampliar o no el mandato, por dos años más, a finales de abril.

La oficina del jefe de la ONU, Ban Ki-moon, dijo en un comunicado que la participación de la comisión se ha renovado tres veces y que el organismo mundial respondería “favorablemente” a una petición de otra extensión.

Fuente: Prensa Libre, el Periodico, Guatemala

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Que es la CICIG

La Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG) fue creada el 12 de diciembre de 2006 por medio del acuerdo firmado entre las Naciones Unidas y el Gobierno de Guatemala, tras la opinión consultiva favorable de la Corte de Constitucionalidad en mayo de 2007. Fue ratificado posteriormente por el Congreso de la República de Guatemala el 1 de agosto de 2007.

La CICIG fue establecida como un órgano independiente de carácter internacional, cuya finalidad es apoyar al Ministerio Público, la Policía Nacional Civil y a otras instituciones del Estado, tanto en la investigación de los delitos cometidos por integrantes de los cuerpos ilegales de seguridad y aparatos clandestinos de seguridad, como en general en las acciones que tiendan al desmantelamiento de estos grupos, mediante el apoyo a la investigación y persecución penal de un número limitado de casos complejos, así como mediante otras acciones dentro de su mandato, destinadas a fortalecer a las instituciones del sector Justicia para que puedan continuar enfrentando a estos grupos ilegales en el futuro.

El mandato de la CICIG, según lo establecido en el Acuerdo, está compuesto de tres objetivos principales:

  • Primero, la CICIG deberá investigar la existencia de cuerpos ilegales de seguridad y aparatos clandestinos de seguridad que cometen delitos que afectan a los derechos humanos fundamentales de los ciudadanos de Guatemala, e identificar las estructuras de estos grupos ilegales (incluyendo sus vínculos con funcionarios del Estado), actividades, modalidades de operación y fuentes de financiación.
  • Segundo, la CICIG deberá colaborar con el Estado en la desarticulación de los aparatos clandestinos de seguridad y cuerpos ilegales de seguridad y promover la investigación, persecución penal y sanción de los delitos cometidos por sus integrantes;
  • Tercero, la CICIG hará recomendaciones al Estado de Guatemala para la adopción de políticas públicas destinadas a erradicar los aparatos clandestinos y cuerpos ilegales de seguridad y prevenir su reaparición, incluyendo las reformas jurídicas e institucionales necesarias para este fin.

Para cumplir tales funciones, según lo previsto en el Acuerdo, la CICIG está facultada para asesorar técnicamente a los organismos estatales encargados de la investigación penal, particularmente al Ministerio Público. Asimismo, la CICIG está facultada para actuar como querellante adhesivo de conformidad con el Código Procesal Penal. La Comisión también está facultada para hacer las denuncias administrativas contra los funcionarios públicos, en particular respecto de los que han cometido actos con el propósito de obstaculizar el cumplimiento del mandato de la CICIG, y puede actuar como un tercero interesado en los procedimientos disciplinarios iniciados contra estos funcionarios. La CICIG está además facultada para garantizar confidencialidad a las personas que colaboren en las investigaciones que se desarrollen, ya sea en calidad de testigos, peritos o colaboradores, así como promover su protección ante las autoridades correspondientes.

La Asamblea General de las Naciones Unidas en su resolución “La situación en Centroamérica: progresos para la configuración de una región de paz, libertad, democracia y desarrollo” (A/63/L.18) Expresó su agradecimiento a los países que han apoyado a la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala, instándolos a que continuasen apoyándola. Asimismo, la Asamblea General agradeció al Secretario General de las Naciones Unidas por haber proporcionado ayuda efectiva y eficiente a la Comisión, pidiéndole que continuase prestándole apoyo “de manera que la comisión pueda cumplir su mandato y hacer frente a los desafíos que se le presenten”.

El 24 de marzo de 2009, el Ministro de Relaciones Exteriores de Guatemala solicitó, por medio de una carta personal dirigida al Secretario General, la prórroga del mandato de la CICIG por otros dos años. La prórroga fue confirmada el 15 de abril de 2009 cuando el Secretario General Ban Ki-moon envió una respuesta personal al Ministro de Relaciones Exteriores, expresando el deseo de Naciones Unidas de que la Comisión continuara su importante labor de apoyo a las instituciones nacionales durante otros dos años. Por lo tanto, la CICIG seguirá trabajando hasta el 4 de septiembre de 2011 para ayudar al Estado en su rol de desmantelar las organizaciones criminales y combatir la impunidad en Guatemala.

Página web oficial: www.cicig.org

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CSJ deniega antejuicios

Magistrados del Poder Judicial resolvieron a favor de los jueces  José Eduardo Cojulún,Julio Gerónimo Xitumul, Silvia Violeta De León y Silvia Coralia Morales, al considerar que en sus resoluciones no existen indicios del delito de prevaricato criminales como lo señaló la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala.

El proceso de antejuicio
El artículo 206 de la Constitución Política de Guatemala establece, en su primer párrafo, que los magistrados y juzgadores tienen derecho a antejuicio, lo cual significa que no pueden ser juzgados de forma inmediata, pues debe realizarse todo el proceso por parte de los pesquisidores, quienes informan a la Cámara de Amparo y Antejuicio sobre la investigación, que puede ser la base para determinar si procede, o no, la formación de causa.
De acuerdo con el titular de la Cámara de Amparos, Mynor Franco, las resoluciones que deben emitirse, luego de que el juez pesquisidor entrega su informe, tienen prioridad. El dictamen final debe analizarse y resolverse en el pleno de  magistrados de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), cuyos integrantes deciden si les retiran la inmunidad a los cuestionados, para que el MP los investigue penalmente.
El presidente del Poder Judicial, Gabriel Medrano, expresó: “Todas las resoluciones las debemos estudiar meticulosamente”, refrendando las palabras del magistrado Mynor Franco.
Uno de los casos
Uno de los informes de las investigaciones contra los administradores de la Justicia recomienda retirarle la inmunidad a Sergio Leonel Castro Romero, al considerar que no existían argumentos legales para archivar la carpeta judicial del caso  Guategate, relativo a la alteración de la Ley del Impuesto sobre la Distribución de Bebidas Alcohólicas y Gaseosas, en el cual estuvieron implicados 22 diputados del partido Frente Republicano Guatemalteco.
El presidente de la Cámara de Amparos, Mynor Franco, indicó: “Tenemos pendientes de resolver ocho investigaciones que ya fueron entregadas, las cuales resolveremos a la brevedad posible”. Por otra parte, garantizó que los dictámenes en todos los casos serán apegados a Derecho.
Por su lado, el vocero de la CICIG, Diego Álvarez, expresó: “Se analiza agotar todas las acciones legales y son estudiadas con el MP”.

El pleno de magistrados debe decidir la situación de los jueces denunciados por la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala.

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Francisco Dall’Anese renuncia a la Cicig

El jefe de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (Cicig), Francisco Dall’Anese, dejará el cargo en septiembre, aunque trascendió que habría presentado su renuncia hace dos semanas, luego de quejas en su contra formuladas por el gobierno de Otto Pérez Molina en la Organización de las Naciones Unidas (ONU).

POR MANUEL HERNáNDEZ Y GEOVANNI CONTRERAS

La dimisión habría sido presentada al secretario general de la ONU, Ban Ki-Moon, pero esa versión fue desmentida por Diego Álvarez, portavoz de la Cicig.

“El comisionado no ha renunciado. Lo que el comisionado expresó ante Nueva York es su deseo de llegar a finalizar su contrato en septiembre, y no renovarlo, por motivos familiares. Pero él estará en septiembre”, explicóÁlvarez.

Al respecto, el canciller, Fernando Carrera, afirmó: “Desconocíamos que hoy —ayer— iba a presentar su renuncia. Lo que hemos hecho es transmitir algunas molestias, pero no quejas formales con respecto a la participación del comisionado en algunos de los procesos de las últimas cuatro semanas”.

Las quejas fueron enviadas a la ONU por el Gobierno hace cinco o seis semanas, dijo al final de una reunión junto con el presidente Pérez Molina y el Grupo de Donantes G-13, que son países y organismos.

Durante esa cita, Pérez Molina expuso sobre seguridad, pueblos indígenas y alianzas público-privadas.

“Esas quejas se referían exclusivamente al hecho de que él se pronunciara en particular sobre la opinión de ciudadanos guatemaltecos sobre el proceso que se llevó a cabo contra el general —Efraín— Ríos Montt… y lo que hemos dicho a la ONU es que nos parece que es importante que el comisionado sea siempre una persona que guarde la equidad en los procesos”, refirió Carrera.

Las molestias

Además, dos fuentes consultadas refieren que el comisionado dejará el cargo en septiembre, pese a que el mandato de la Cicig ya fue renovado hasta el 2015.

Pérez Molina dijo que la última reunión con el comisionado fue hace dos semanas.

Una fuente señaló que el Ejecutivo estaba molesto porque el comisionado le solicitó a la presidenta de Costa Rica, Laura Chinchilla, mediar para que Pérez Molina le concediera una audiencia.

El gobernante guatemalteco se negaba a recibir a Dall’Anese desde que la Cicig criticó en un comunicado a exfuncionarios que defendieron a Ríos Montt, juzgado por genocidio.

El comisionado se reunió ayer en la mañana con empleados e investigadores para expresarles los motivos de su retiro, pero no se harán públicos.

Dall’Anese asumió la Cicig el 1 de agosto del 2010 en Nueva York y arribó al país cinco días después, en sustitución del español Carlos Castresana, quien también dimitió luego de quejas de su exesposa en la ONU.

07:12 a.m.
Fuente: Siglo 21

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