PDH crea defensoría de la diversidad sexual

La Procuraduría de los Derechos Humanos (PDH) creó la defensoría de diversidad sexual, que es la segunda en Latinoamérica, y nombró a Gabriela Tuch como la encargada.

Tuch informó que en lo que va del año la PDH ha recibido 10 denuncias por falta de acceso a la educación, trabajo y justica por parte de transexuales y homosexuales, que consideran que no reflejan la cantidad real de casos que ocurren en el país.

10:16 a.m.
Fuente: Prensa Libre

CC declara sin lugar tres normativas de las reformas tributarias contenidas en el decreto 10-2012

La Corte de Constitucionalidad (CC) dejó sin lugar las solicitudes de inconstitucionalidad de tres normativas de las reformas tributarias contenidas en el decreto 10-2012, presentadas por las Cámaras del Agro y de Comercio.

Con ello queda vigente la normativa contenida en el artículo 4 numeral 2, literal “b” de esa ley, que se refiere a que las jubilaciones, pensiones y montepíos son rentas afectas al impuesto sobre la renta (ISR). Sin embargo, las personas que reciben este tipo de ingresos no tienen que pagar el ISR porque en un decreto posterior a esas reformas (14-2013), se estableció que, aunque sean rentas afectas, tienen exención, explicó Ricardo Barrientos, analista del Instituto Centroamericano de Estudios Fiscales (Icefi).

También la CC dejó vigente la tabla del pago del impuesto al valor agregado (IVA) por venta o permuta de motocicletas usadas, con lo cual por esas transacciones no se tiene que pagar el 12% del IVA.

Según el artículo 156 del decreto 10-2012, deben pagar Q300 si son de modelos dos o tres años anteriores al año en curso, y Q200 si son de cuatro o más años de antigüedad.

Otra norma que queda vigente es el pago de 3% de timbres fiscales por la transacción de la segunda venta en adelante de bienes inmuebles. Antes debía pagarse el 12% del IVA.

Para dicha normativa la CC emitió su criterio acerca de qué es considerada la segunda venta.

La Cámara del Agro refirió cuando presentó la acción que esos requisitos limitan la libertad de contratación de bienes inmuebles.

POR ROSA MARíA BOLAñOS 

07:46 a.m.
Fuente: Siglo 21

Constitución de Guatemala para Android!

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Descripción
Libre para mas de 2500 dispositivosLa Constitución Política de la República de Guatemala es la ley suprema de la República de Guatemala, en la cual se rige todo el Estado y sus demás leyes. La Constitución Política de la República de Guatemala actual fue creada por una Asamblea Nacional Constituyente, el 31 de mayo de 1985, la cual lo hizo en representación del pueblo con el objeto de organizar jurídicamente y políticamente al Estado, así como, también contiene los Derechos Fundamentales de los miembros de su población. También es llamada “Carta Magna´´.
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Leyes de Guatemala en Android?

Navegando por las aplicaciones de Android encontramos esta interesante aplicación diseñada para los amantes de Android a través de sus Smarthphones, tablets, etc, se trata de una compilación de leyes de Guatemala y otros paises del mundo, te invitamos a chekarla en:

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Descripción

Libre para mas de 2500 dispositivosLa Constitución Política de la República de Guatemala es la ley suprema de la República de Guatemala, en la cual se rige todo el Estado y sus demás leyes. La Constitución Política de la República de Guatemala actual fue creada por una Asamblea Nacional Constituyente, el 31 de mayo de 1985, la cual lo hizo en representación del pueblo con el objeto de organizar jurídicamente y políticamente al Estado, así como, también contiene los Derechos Fundamentales de los miembros de su población. También es llamada “Carta Magna´´.

 

Instituto del Bufete Popular de la Universidad de San Carlos de Guatemala

Conceptualización

Es definible como el Instituto Social de la Universidad de San Carlos de Guatemala, el cual cuenta con un grupo de asesores en las distintas ramas del derecho que cumplen una función en capacitación técnico profesional a los estudiantes practicantes, como asistencia gratuita a personas, llamadas usuarios, de escasos recursos económicos en la población guatemalteca y centroamericana.

La naturaleza del Bufete Popular indica que es un Instituto de la Universidad de San Carlos de Guatemala, adscrito a la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales, cuya función es la capacitación técnica-profesional de sus estudiantes y la asistencia jurídica gratuita a personas de escasos recursos económicos.

En otro estadio, el Bufete Popular está constituido por oficinas de apoyo legal para personas de escasos recursos, que no se encuentren en capacidad de pagar los servicios profesionales de un profesional del derecho, oficinas que tienen una supervisión, cada una controlan el desenvolvimiento de los estudiantes al ser dirigidos por profesionales competentes en las áreas que manejan.

Fuente: Lic. Jacobo Lemus

Nota Especial: El presente contenido de “BUFETE POPULAR” es Propiedad Intelectual del Licenciado Jacobo Lemus Bran, desprendido de su Proyecto de Tesis de Grado;
Jacobo ha brindado acceso y permiso para poder publicar el contenido de su obra de manera Parcial. El mismo se constituye como un aporte a la sociedad Guatemalteca para un cococimiento mas profundo y sistematico de la Función del Instituto del Bufete Popular de la Universidad de San Carlos de Guatemala y su proyección a la sociedad Guatemalteca. Muchas Gracias. regresar al Menú Principal.

HISTORIA

Origen e historia

El realizar la presente investigación ha sido muy difícil encontrar en bibliotecas, librerías, obras jurídicas y sociales sobre el origen del Bufete Popular en Guatemala, fines, y desarrollo del mismo, ya que no se tiene ampliamente el motivo de su origen, sin embargo, en la década de los años cincuentas y desde algún tiempo atrás, profesionales y estudiantes de derecho han llegado a la conclusión sobre la necesidad imperiosa de preparar para el futuro profesional de abogacía a los estudiantes, no solamente desde el campo teórico, ya que desde la época de la colonia existen programas de estudio que lo complementan, sino para casos reales, que en su futuro trabajo diario se lo presentarían. Muchas veces se realizó intentos como el de pasantías en los tribunales de justicia y en los bufetes de abogados, en otros casos con cursos prácticos en la propia Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales; pero hay que convenir que esa preparación fue generalmente deficiente, en casos porque era muy limitada y en otras oportunidades porque se incurría en el mismo error que se trataba de subsanar, se les volvía solo teóricas. Estudiantes y la Asociación “El Derecho” se propusieron analizar el problema y tratar de encontrar una salida que produjera frutos propuestos, ya que se hace sentir en ese momento la necesidad institucional de prestar servicio a personas de escasos recursos, consejo y servicio jurídico gratuito, pero que a la vez tuviera respaldo y responsabilidad.

En diversas épocas Abogados ofrecieron sus servicios profesionales en forma gratuita a las clases menos favorecidas por la fortuna, pero sus ocupaciones y las propias necesidades económicas, los hicieron desistir de sus obras benéficas.

Todos estos elementos se habían venido concretando en un deseo casi unánime de ver realizada la aspiración de que se organizara una institución donde los estudiantes de los últimos años de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales pudieran hacer sus prácticas sobre cuestiones legales de la vida real, es a finales del año 1953 donde se perfilan candidatos para Decano de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales, algunos de los puntos dentro de sus programas tocaron el tema del consultorio jurídico adscrito a la facultad, es en ese entonces cuando se presenta un proyecto completo y bien fundamentado, para la organización de un Bufete Popular en el período del Decano y licenciado Federico Ojeda Salazar.

A la toma de posesión del licenciado Adolfo Molina Orantes como nuevo Decano en el año de 1954 una de sus primeras medidas de su administración, somete a consideración de la Junta Directiva de la Facultad, el proyecto de organización del Bufete Popular; pero dentro de la democracia real y efectiva que se vive en ese entonces en la Universidad y la necesidad de que las medidas que se tomen en ella se ajusten a un rigorismo científico y legal, el Decano presenta el proyecto a Junta Directiva para que en su resolución se requiera de la opinión del vocal primero licenciado Romeo Augusto de León y de la Asociación “El Derecho”, las dos opiniones fueron afirmativas y por el interés manifiesto para el futuro desarrollo de lo planteado se nombra al licenciado Romeo Augusto De León como Primer Director del Bufete Popular, a la experiencia investigada de los casos de Argentina como Servicio Jurídico gratuito, México, Bufete Popular; Chile y Ecuador como Consultorio Jurídico Gratuito; El Salvador con el nombre de Socorro Jurídico, en Guatemala se determina como Instituto del Bufete Popular.

Se concibe entonces que en el Instituto se impartirían a los alumnos los cursos básicos instituidos en el nuevo plan de estudios y se prestaría al pueblo de Guatemala un servicio social, dando asistencia jurídica a aquellas personas de bajos recursos que no pueden acudir a los bufetes particulares, teniendo una función docente y de servicio social, es en la época de los años cincuentas cuando se impulsa la creación del Primer Bufete Popular en Guatemala, el de la Universidad de San Carlos de Guatemala por El Consejo Superior Universitario, en acuerdo emitido el 30 de Abril de 1954, adscrito a la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales, de la Universidad de San Carlos de Guatemala, instituto en que los estudiantes de la carrera de Abogado y Notario, realizan determinadas prácticas en el ejercicio profesional.

En los inicios se propone que el Bufete Popular sea dirigido por profesores de los cursos de Derecho Procesal, sirviendo el Decano de la Facultad como órgano de comunicación entre el Bufete y la Junta Directiva, así como las demás autoridades que se relacionan con el Bufete, los alumnos practicantes trabajarían en equipo, teniendo acceso los alumnos de los dos últimos años de la carrera y dividiéndose el trabajo de acuerdo a las secciones que se establezcan como una sección penal, sección civil y sección laboral, dirigido por un Secretario en forma permanente, con el apoyo de los trabajadores sociales posiblemente del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social, coadyuvado a ello se propone que los estudiantes y trabajadores sociales trabajarían en forma gratuita por vía de práctica y los profesores catedráticos con los emolumentos que tienen presupuestados.

En el aspecto financiero, se cuenta con escritorios, maquinas de escribir, y papelería que fueron suministrados por la Asociación “El Derecho”, y, por la Corte Suprema de Justicia, en relación al local es el Ministerio Público, Colegio de Abogados, Comité de Defensa de la Infancia y la Oficina de la Ciudad de los Niños, entidades que aprestan a ofrecer el espacio en donde daría origen el crecimiento del Bufete Popular de la Universidad de San Carlos de Guatemala.

La capacitación de prácticas académicas se tiene por virtud en Decretos Gubernativos 819 de fecha 22 de junio de 1923 y Legislativo 1,452 de 7 de mayo de 1926, los cursantes de derecho se obligaban a realizar su práctica o pasantía en tres horas diarias durante seis meses en los Juzgados de Paz, seis meses en Tribunales Militares, doce meses en Juzgados de Primera Instancia del Ramo Criminal, doce meses en Juzgados de Primera Instancia del Ramo Civil, seis meses en Salas de Apelaciones y seis meses en un Bufete de Abogado, al realizar el tiempo de práctica en dichas instituciones y oficinas lograba la finalidad de contar con un proceso de actividad con la realidad del que hacer del derecho, la Corte Suprema era la entidad que proporcionaba la constancia de dichas prácticas, requisito indispensable para poder optar a realizar el examen general privado.

Originalmente se creo con la finalidad de llenar dos necesidades: Que los estudiantes que habían aprobado determinados cursos teóricos, realizaran prácticas bajo la supervisión de la Facultad, con el fin de abandonar el procedimiento de pasantía que había utilizado hasta entonces, el cual se consideraba no solo deficiente sino que también se prestaba a improcedencias, en virtud que los pasantes no asistían a tribunales y únicamente se limitaban a firmar el libro de asistencia para la obtención de la constancia respectiva; y Prestar un servicio de asistencia social a favor de las personas desvalidas económicamente, dándoles asistencia jurídica cuando tenían algún asunto pendiente en algún tribunal u oficina pública. En sus orígenes el Bufete Popular, se circunscribió a prestar servicios en los campos penal y civil, pero por la realidad social de nuestro país su crecimiento y nuevas necesidades, sé amplio el campo de acción en lo laboral, administrativo y notarial. No obstante las críticas de que ha sido objeto se puede sostener que los resultados son positivos para el practicante y usuarios, en el sentido que contribuye a complementar la docencia teórica y el servicio gratuito a la población de escasos recursos económicos.
Cabe mencionar que algunos profesionales del derecho de ese entonces no tuvieron el criterio que prevaleció sobre la base de sus principios con el que fue creado, situación que fue incomprensible en virtud que una universidad estatal debe identificarse con el pueblo para poder establecer y filtrar en toda la sociedad el que hacer del estudiante practicante por las clases más desposeídas, sin embargo los procesos de transformación social hicieron que se observara que el Bufete Popular lograra consolidar para lo que fue creado, no obstante ello y pese a que en alguna época cerró sus puertas por motivos políticos, se superó aún con el sacrificio de muchas vidas de profesionales que particularmente proporcionaban la ayuda al más necesitado.

El Consejo Superior Universitario, emite el acuerdo de creación del Bufete Popular como Instituto de Capacitación Técnico Jurídicas y de Servicio Social, capacitación técnicamente en aspectos procesal prácticos y reales a los estudiantes que hubieran aprobado sus cursos teórico y práctico procesales, las puertas del Bufete Popular se abren el 8 de junio de 1954 al ser inaugurado en acto celebrado en el Salón de Actos de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales con participación de los licenciados Vicente Díaz Samayoa, Rector, Roberto Sosa Silva, Secretario de la Universidad, Adolfo Molina Orantes, Decano de la Facultad, Romeo Augusto De León patrocinador de la idea y Primer Director del Bufete, y el Bachiller Silva Falla, Primer Secretario.

Brindar asesoría y prestación de Asistencia judicial y administrativa gratuita a las personas de escasos recursos económicos que no pueden pagar los servicios de un profesional del derecho es la base esencial de la filosofía, y con ello el Bufete Popular es pionero en materia de Derechos Humanos, Clínicas Procesales Penal Civil y Laboral, Clínicas de Educación Jurídico a nivel nacional, Clínicas Externas Penales, Civiles y Laborales, así como la creación de la Oficina de Mediación, Oficina de Conciliación, Oficina de Asistencia Sobre la Violencia Intrafamiliar, Oficina de la Niñez y de la adolescencia, El Centro de Notificaciones del Bufete Popular, Oficina de Asistencia Social y Tramitación legal, Oficina de Atención a la Victima Anexos Comunitarios y Anexos del Bufete Popular.

Se ha logrado con mucho esfuerzo y trabajo de pocas manos, tareas que sustancian la existencia del Bufete, a continuación se nombran a profesionales que han dejado su huella social y comunitaria en el Bufete Popular desde sus inicios:Lic. Romeo Augusto De León Ad-Honorem
Lic. Marco Tulio Molina Abril

Lic. Wilfredo Valenzuela Oliva
Lic. René Arturo Villegas Lara
Lic. Carlos Humberto Rosales Martínez
Lic. Hugo Rolando Melgar
Lic. Mario Rene Chávez García
Lic. Mario Castillo Parada
Lic. Hugo Leonel Segura Trujillo
Lic. Cipriano Francisco Soto Tobar
Lic. Oscar Mauricio Villalta
Licda. Rosa María Ramírez Soto
Lic. Lázaro Ruiz Orellana
Lic. Otto René Arenas Hernández.

Fuente: Lic. Jacobo Lemus. Regresar al Menú Principal

FUNCIONES DEL BUFETE POPULAR

Funciones del Bufete Popular

En el planteamiento de las funciones del Bufete Popular, tiende el instituto con dos elementos básicos que se enlazan por una relación del docente y el servicio social, para lo cual se hace necesario obtener un concepto sobre la misión y la visión.Fuente: Lic. Jacobo Lemus “Tesis

MISIÓN Y VISIÓN

Misión
Alcanzar una mejora sustancial cualitativa y cuantitativamente en la prestación de servicios a usuarios y practicantes a nivel nacional mediante la asistencia jurídico-social.

Visión
Preparación del recurso humano, al servicio de la comunidad guatemalteca con perfiles de alto nivel profesional, la observancia de valores éticos y morales y espíritu de ayuda y apoyo hacia el prójimo.

Cubrir toda área urbana y rural que necesite de los servicios gratuitos en asesoría jurídica-social mediante la satisfacción de practicantes y usuarios. regresar al Menú Principal

Fuente: Lic. Jacobo Lemus “Tesis

LAS FUNCIONES DEL BUFETE POPULAR

Las funciones del Bufete Popular son dos importantes:

Docente y de servicio social
La función docente comprende los aspectos teórico y práctico, el teórico se cumple mediante los estudios conjuntos de asesores y estudiantes practicantes respecto a casos concretos, en los momentos en que ambos ante un caso real deponen todo el interés y los presupuestos legales y humanos, para realizarlos, en ello el estudiante practicante pone en práctica su agilidad mental, su técnica jurídica y manejo de leyes, para la ubicación de la institución de que se trate al caso concreto, lo que hace prudente y funcional la elaboración del primer escrito y los que en lo sucesivo sean requeridos por el imperio de la ley al propio caso.

El práctico se cumple mediante la substanciación de casos reales en los tribunales y mediante laboratorios por parte de los practicantes con la orientación y
dirección de sus asesores quienes ostentan los títulos de Abogado y Notario, esta actividad en los órganos jurisdiccionales pone al descubierto el conocimiento ante el cuál va a desarrollar su que hacer profesional y los recursos legales que se tienen en el devenir de la práctica tribunalicia, en relación a los laboratorios permite al practicante orientar sus directrices ante el criterio de sus compañeros en clase así como consolidar el fundamento sobre el particular criterio que enarbole jurídicamente, es este tipo de actividades donde se busca a su vez que conozca teórica y físicamente todas las instituciones que estén ligadas íntimamente en el proceso de la aplicación de justicia.

La función social comprende la participación de los practicantes en el estudio y proposición de soluciones sobre problemas nacionales; y la asistencia jurídico-profesional gratuita a favor de personas de escasos recursos económicos.

El período de funcionamiento del Bufete Popular no se interrumpe durante el año lectivo, en virtud que durante las vacaciones se nombra a un profesional del derecho y un auxiliar jurídico para que no se suspenda la atención y servicio a los estudiantes practicantes que tienen asignados casos y tengan a bien presentar memoriales o sustentar audiencias en dicho período. Una nueva modalidad se ha implementado con la actual administración, ya que a partir del año 2005, se ha solicitado por parte del Señor Director una dispensa ante la Honorable Junta directiva de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales para poder asistir a personas que soliciten el servicio gratuito en el período de vacaciones, en forma directa en el Bufete Popular, adicionalmente de lo que se realiza administrativamente con el asesor nombrado para el efecto y en consecuencia su auxiliar respectivo. regresar al Menú Principal
Fuente: Lic. Jacobo Lemus

OBJETIVOS DEL BUFETE POPULAR

Objetivos del Bufete Popular
La Constitución Política de la República de Guatemala, en su Artículo 82 establece que la Universidad de San Carlos de Guatemala, es una institución autónoma con personalidad jurídica, en su carácter de única universidad estatal en nuestro país, corresponde con exclusividad dirigir, organizar y desarrollar la educación superior del estado y la educación profesional universitaria estatal, así como la difusión de la cultura en todas sus manifestaciones, promoverá por todos los medios a su alcance la investigación en todas las esferas del saber humano y cooperará al estudio y solución de los problemas nacionales.

La Universidad cumple con su obligación constitucional, cooperando en la solución de los problemas que aquejan a la sociedad guatemalteca, a través del servicio social que prestan sus diferentes unidades académicas y en especial la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales por intermedio del Instituto del Bufete Popular.

En sí las acciones de servicio universitario hacia la comunidad hacen realidad lo que tradicionalmente se ha llamado servicio social universitario, y que en Guatemala se ha definido como programa permanente multidisciplinario, que contribuirá a la formación de profesionales, y ayuda social al que lo necesita.

En otro proceso objetivo se encuentra la capacitación, la cual se realiza en dos vertientes, una a nivel del estudiante practicante que continúa con sus prácticas y otra en el ámbito comunitario o social, institucionalizando la capacitación hacia el que lo necesita, lo cual, fortalece el lema de “ID Y ENSEÑAD A TODOS“, no importando los alrededores, siempre y cuando se ajusten las técnicas de estudio para el efecto.

Conforme los años transcurridos se han implementado nuevas formas de mejoramiento a los procesos de inducción teniendo el apoyo de las unidades académicas e instituciones ajenas que han fortalecido el proceso de capacitación.

Los objetivos del Bufete Popular son los siguientes:Complementar mediante práctica obligatoria de los alumnos, la enseñanza que se imparte en la cátedra de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales;Capacitar al practicante en las actividades relativas al ejercicio profesional de Abogacía y Notariado;Orientar al practicante sobre la correcta aplicación de los conocimientos del derecho;Proporcionar asistencia jurídico profesional, gratuita, previa calificación, a personas de escasos recursos económicos, que no estén en capacidad de pagar dichos servicios.

Los Bufetes Populares están constituidos por oficinas de apoyo legal y cada uno de ellos sirven en forma común para las personas de escasos recursos económicos quienes no sustentan una capacidad de pago por servicios profesionales de un abogado, en el caso del Bufete Popular de la Universidad de San Carlos, se encuentra adscrito a la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales, es dirigido por un director, así como un grupo de profesionales del derecho, entre supervisores, asesores, profesores y secretarios en las ramas del derecho penal, civil y laboral, todos en el marco de su competencia del ramo que dirigen, no obstante que marcan un proceso en algunos de una especialización por afinidad y en proceso de materializar la misma.

En la actualidad se cuenta con universidades que tienen Bufete Popular, es el caso de la Universidad de San Carlos de Guatemala, Universidad Rafael Landívar, Universidad Mariano Gálvez, Universidad Rural, marcando el hito histórico de asistencia social a la población Guatemalteca. Importante realce el que tienen los Bufetes Populares en nuestro país en virtud del proceso económico que genera al contexto de beneficio en la población cuando se recauda en su favor. No obstante la regla penal que inhibe la participación de estudiantes en procesos penales y que actualmente dicha defensa por mandato legal, la obtiene el Instituto de la Defensa Pública Penal, que es la excepción.

En el marco histórico no está demás contar con lo que ha sido La Gaceta del Bufete Popular de la Universidad de San Carlos de Guatemala, medio de comunicación del instituto, es en el mes de Octubre de 1993, siendo el director de dicha revista el licenciado José Luis Arriola, quien en su primer editorial textualmente señala:
“Con el presente número se inicia la publicación de la Gaceta del Bufete Popular.

Está llamada a ser el portavoz de esta institución de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad de San Carlos de Guatemala que, a través de ya varios años, en forma silenciosa e ininterrumpidamente ha prestado y continúa prestando, valiosos servicios a la comunidad. Y como portavoz, debe llevar el mensaje del Bufete Popular no sólo a aquellos estudiantes que realizan sus prácticas en el mismo, ni solo aquellos que están vinculados por una u otra razón con el quehacer todo de la universidad, sino también –y quizá, primordialmente-, al público ajeno a la labor, a la misión, al sentido y sustancia del Bufete, para que conozca cuáles son actividades, sus logros y sus limitaciones.

De tal manera, el mensaje tiene dos ámbitos. Uno que se puede llamar introspectivo, para quienes forman el equipo del Bufete Popular –personal administrativo, asesores, supervisores, secretarios de los distintos ramos y los pasantes- puedan percatarse, como parte de un todo, del funcionamiento global de la organización mediante el análisis consciente y la crítica serena para, en un saludable auto examen, lograr remarcar las metas y desbrozar los caminos de la realización efectiva.

El otro ámbito es el que con un poco de libertad se puede determinar extrospectivo, en el que interesa dar a conocer en forma veraz qué beneficios reporta el Bufete a la comunidad, cuáles son los alcances de la asesoría jurídica y social que acá se presta, los problemas que se confrontan, las aspiraciones que se tienen y, en fin, todo aquello que muestre íntegramente las distintas facetas de su vida.

Sirven estas palabras como exposición de motivos de esta paciente publicación que, como queda expresado, trae la determinación de dos destinos, en la síntesis de los cuales encierra su explicación suficiente.

Como toda obra en germen necesita de aliento vital para lograr su perduración; de ahí que confiamos en que ser sepa aquilatar su importancia y se le preste toda la ayuda necesaria, a fin de que su aparición no constituya un efímero ensayo. En realidad, abrigamos la esperanza de que este órgano de difusión tenga una buena acogida puesto que su falta ya se hacía sentir, y no pecamos de optimistas al considerar que viene a llenar ese vacío que en el pasado existiera. (…..)”. regresar al Menú Principal

Fuente: Lic. Jacobo Lemus

ÁREAS DE ACCIÓN DE TRABAJO

Oficina del Ejercicio Profesional Supervisado, Calificación de casos de la Secretaría Civil , Oficina de Atención a la Víctima, Oficina del Menor y del Adolescente, Oficina de Atención Social y Tramitación lega, lOficina de Violencia Intrafamiliar, Secretaría Civil, Unidad de Control y Distribución de Casos Civiles, Secretaría Administrativa de Dirección, Unidad de Reproducciones, Biblioteca, Oficina de Trabajo Social, Audiovisuales, Archivo General, Salón Principal de Actos, Sala de Debates, Dirección del Bufete Popular, Jefe de Departamento o Supervisión Área Civil, Jefe de Departamento o Supervisión Área Laboral, Secretaría Laboral, Jefe de Departamento o Supervisión, Penal, Coordinación de Clínicas Penales Secretaría PenalOficina de ConciliacionesOficina de PsicologíaCentro de Notificaciones Información Sala de Asesores.
Es importante generar todo un proceso de análisis ante la anterior ubicación de áreas de trabajo para poder realizar un mejor servicio, sin embargo, sería notable desarrollar un esquema mejor planteado en donde la ubicación de la dirección en coherencia operativa y administrativa con la Secretaría de Dirección fuera unificada al igual que los procesos de supervisión de las áreas civil y laboral, ya que el área penal se puede decir que actualmente en su proceso administrativo, se encuentra unificado.

Para un mejor encuentro con el proceso de servicio y atención al usuario se realiza una muestra por las secciones más importantes para establecer en buena forma el que hacer de la utilidad social que tiene un Instituto de la naturaleza del Bufete Popular de la Universidad de San Carlos de Guatemala. regresar al Menú Principal

Fuente: Lic. Jacobo Lemus

LA DIRECCIÓN DEL BUFETE POPULAR

La Dirección del Bufete Popular es el órgano administrativo de mayor jerarquía en la institución y se encuentra a cargo de un Director quien es la autoridad máxima y el medio de comunicación esencial y fundamental con la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad de San Carlos de Guatemala y cualquier otra institución que se relacione con la prestación de servicios gratuitos a personas de escasos recursos económicos, en el caso particular de servicios y atención a los usuarios, autoriza la prestación de servicios en casos de naturaleza especial o de urgencia, y realizar todas aquellas actividades que tiendan a la superación y mejoramiento del Bufete Popular.

Asimismo atiende requerimientos de usuarios en cuanto la forma a que se ha hecho acreedor y en su caso define aspectos en mejora de los servicios, por cuanto establece quien debe de diligenciar dichos casos o un acompañamiento para la satisfacción de la necesidad jurídica requerida, por otra parte es el área que autoriza plenamente todo lo relativo de pasantías de los practicantes y por ende el ejercicio profesional supervisado. regresar al Menú Principal

Fuente: Lic. Jacobo Lemus Bran

(hacemos la aclaración que este es un artículo informativo, no tenemos ninguna relación ni vinculo con el Bufete Popular de la Universidad de San Carlos de Guatemala)

Legislación y Normativa Aduanera

 

Título del artículo
Legislación y Normativa Aduanera
CAUCA IV y su Reglamento
Reglamento de Tránsito Internacional Terrestre, Formulario de Declaración e Instructivo

Acuerdos y Tratados Internacionales

GUATEMALA-Y-EL-MUNDO.jpgUn Tratado de Libre Comercio (TLC) es un Acuerdo mediante el cual dos o mas países reglamentan de manera comprensiva sus relaciones comerciales, con la finalidad de incrementar los flujos de comercio e inversiones, y por esa vía su nivel de desarrollo económico y social.

Los TLC´S contienen normas y procedimientos tendientes a garantizar que los flujos de bienes, servicios e inversiones entre los países que suscriben dichos tratados se realicen sin restricciones injustificadas y en condiciones transparentes y predecibles.

Una parte de los Acuerdos consiste en la eliminación o rebaja sustancial de los aranceles para los bienes importados originarios de un país parte; y acuerdos en materia de servicios.  Estos acuerdos se rigen por las reglas de la Organización Mundial del Comercio (OMC) o por reglas establecidas de mutuo acuerdo entre los países participantes.

Para Guatemala los tratados de libre comercio, involucran diferentes aspectos, desde factores estrictamente económicos y financieros hasta factores geográficos, demográficos y culturales.


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Título del artículo
TLC – Panamá/Guatemala
TLC – Rep. Dominicana/Centroamérica/EUA -RD CAFTA
TLC – Chile/Guatemala
TLC – Colombia/Guatemala
TLC – Taiwan/Guatemala
TLC – México/Centroamérica
Unión Aduanera Centroamericana
Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionadas con el Comercio (ADPIC) de la OMC
Convención sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestre

CAUCA IV y su Reglamento

El Código Aduanero Uniforme Centroamericano IV (CAUCA) fue  aprobado por medio de la Resolución número 223-2008 del Consejo de Ministros de Integración Económica (COMIECO), el 25 de abril de 2008.  (Si desea consultar la resolución dar clic sobre el nombre de la misma)

Puede consultarlos acá:

  • Código Aduanero Uniforme Centroamericano IV  -CAUCA IV-
  • Reglamento del Código Aduenro Uniforme Centroamericano IV  -RECAUCA IV-

Fuente: http://portal.sat.gob.gt/sitio/index.php/tramites-o-gestiones/aduanas/30-legislaci-normativa-aduanera/7867-cauca-iv-y-su-reglamento.html

Sabes que es el Peso Centroamericano?

El peso centroamericano ($CA) es una unidad de cuenta creada en 1961.

Es utilizada por las instituciones del Sistema de Integración Centroamericana. Tiene un valor igual al dólar estadunidense (USD) y se divide en 100 centavos. El Consejo Monetario Centroamericano es el organismo puede modificar la unidad de cuenta, su denonominación, fijar su valor, establecer equivalencia con otras monedas y su uso. El Arancel Centroamericano de Importación esta expresado en pesos centroamericanos. Fuente: http://enciclopedia_universal.esacademic.com/24356/Peso_centroamericano

 

 

 

 

Qué es Aduana sin Papeles de la SAT?

Es el proyecto desarrollado por SAT, que incorpora nuevas tecnologías para la digitalización de documentos de soporte de las declaraciones de mercancías, logrando la eliminación progresiva del uso de papel.

En su primera fase se implementará en los procesos de despacho de las Aduanas del País,

Objetivos

  • Reducir tiempos en procesos de despacho aduaneros.
  • Eliminar el uso de papel en un 90%.
  • Fortalecer la capacidad de gestión del Servicio Aduanero.
  • Integrar los documentos digitalizados.
  • Dar autenticidad a los documentos electrónicos.
  • Mejorar en la recaudación a través procesos eficientes.
  • Contribuir con la competitividad del país a través de procesos de comercio exterior ágiles.

 

Sus pilares:

  • Procesos y procedimientos
  • Uso de tecnología
  • Cambio cultural (Visión ecológica de reciclado y disminución del uso del papel)
  • Relación Aduana-Empresa
  • Relación Aduana-Otras instituciones públicas

 

Alcance:

La primera etapa del proyecto “Aduanas sin papeles” iniciará en la Aduana Puerto Barrios, en el proceso de despacho de declaraciones de mercancías régimen 23-ID, clases 10 y 36.  Progresivamente se incorporarán los demás regímenes.

Es un proyecto que se implementará progresivamente en todos los procesos y en todas las aduanas del país.

Cualquier duda al respecto, pueden escribir un correo electrónico a: aduanasinpapeles@sat.gob.gt

Para conocer más acerca del Proyecto Aduana Sin Papeles, lo invitamos a descargar:

¿Qué es la Aduana sin Papeles? 

Resolución de Intendencia de Aduanas que da vida a la Aduana Sin Papeles

Guía para el Registro y Consulta de Documentos Digitalizados

Instructivo para el Despacho de Mercancías con Documentos Digitalizados

Requerimientos técnicos para digitalización de documentos