Conoce la Síntesis Histórica de la Universidad de San Carlos de Guatemala, a través del Ilustre Jurista Guatemalteco Marco Antonio Sagastume Gemmell
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he Criminal Code[1] or Code criminel[2] is a law that codifies most criminal offences and procedures in Canada. Its official long title is “An Act respecting the criminal law” (R.S.C. 1985, c. C-46, as amended). Section 91(27) of the Constitution Act, 1867 establishes the sole jurisdiction of Parliament over criminal law in Canada.
The Criminal Code contains some defences, but most are part of the common law rather than statute. Important Canadian criminal laws not forming part of the code include the Firearms Act, theControlled Drugs and Substances Act, the Canada Evidence Act, the Food and Drugs Act, the Youth Criminal Justice Act and the Contraventions Act.
http://laws-lois.justice.gc.ca/eng/acts/C-46/
Decargar/download: http://laws-lois.justice.gc.ca/PDF/C-46.pdf
TABLE OF PROVISIONS TABLE ANALYTIQUE
Section Page Article Page
An Act respecting the Criminal Law Loi concernant le droit criminel
SHORT TITLE 1 TITRE ABRÉGÉ 1
1 Short title 1 1 Titre abrégé 1
INTERPRETATION 1 DÉFINITIONS ET INTERPRÉTATION 1
2 Definitions 1 2 Définitions 1
2.1 Further definitions — firearms 17 2.1 Autres définitions liées aux armes à feu 17
3 Descriptive cross-references 18 3 Renvois descriptifs 18
PART I 18 PARTIE I 18
GENERAL 18 DISPOSITIONS GÉNÉRALES 18
3.1 Effect of judicial acts 18 3.1 Prise d’effet 18
4 Postcard a chattel, value 18 4 Une carte postale est un bien meuble 18
5 Canadian Forces not affected 20 5 Aucun effet sur les Forces canadiennes 20
6 Presumption of innocence 20 6 Présomption d’innocence 20
7 Offences committed on aircraft 20 7 Infractions commises à bord d’un aéronef 20
8 Application to territories 35 8 Application aux territoires 35
9 Criminal offences to be under law of
Canada 35
9 Les infractions criminelles doivent
tomber sous le coup de la loi canadienne 35
10 Appeal 36 10 Appel 36
11 Civil remedy not suspended 36 11 Recours civil non suspendu 36
12 Offence punishable under more than one
Act 36
12 Infraction punissable en vertu de
plusieurs lois 36
13 Child under twelve 37 13 Enfant de moins de douze ans 37
14 Consent to death 37 14 Consentement à la mort 37
15 Obedience to de facto law 37 15 Obéissance aux lois de facto 37
16 Defence of mental disorder 37 16 Troubles mentaux 37
17 Compulsion by threats 37 17 Contrainte par menaces 37
18 Compulsion of spouse 38 18 Contrainte d’un conjoint 38
19 Ignorance of the law 38 19 Ignorance de la loi 38
20 Certain acts on holidays valid 38 20 Certains actes peuvent être validement
faits les jours fériés 38
La República Dominicana se independizó de Haití en 1844. La Constitución vigente en la República Dominicana fue adoptada y entró en vigor el 26 de enero de 2010.do
Año de la actual versión: | 2010 |
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Fecha de entrada en vigor del texto original: | 26 de enero de 2010 |
Fecha del texto (Adoptado): | 26 de enero de 2010 |
Tipo de texto: | Constitución / Ley básica |
Asunto: | Derecho de autor, Expresiones culturales tradicionales, Marcas, Nombres comerciales, Otros, Patentes (Invenciones) |
Notas: |
La República Dominicana se independizó de Haití en 1844. La Constitución vigente en la República Dominicana fue adoptada y entró en vigor el 26 de enero de 2010.
El sistema de gobierno de la República Dominicana es el sistema de una unitaria y democrática república (artículo 3). Los poderes se dividen en tres poderes independientes: ejecutivo, legislativo y judicial (artículo 4). La Constitución contiene v … [ + ] |
Textos disponibles: | |
Español | Constitucion de la República Dominicana ![]() ![]() |
Legislación Conexa: |
Relacionado con
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N° WIPO Lex: | DO005 |
Hay en cartera 14 proyectos que avanzan a paso lento, debido a problemas y falta de interés para implementarlos.
Lorena Álvarez
Con el crédito de US$237 millones que está pendiente de aprobación en el Congreso, Guatemala alcanzará US$594.8 millones en cartera con el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), para proyectos destinados a educación, salud, agua y saneamiento, energía, justicia, competitividad y fortalecimiento fiscal.
A decir de Emmanuel Seidner, diputado de la bancada Compromiso, Renovación y Orden (Creo), del monto total de la cartera, la ejecución de US$357.6 millones distribuidos en 14 proyectos avanza de forma lenta, pese a que han sido aprobados desde hace varios años. Los restantes US$237.2 millones están pendientes de ser aprobados en el Legislativo.
Los recursos van dirigidos a sectores que son importantes en la estrategia del Gobierno, como la seguridad ciudadana, educación, nutrición, energía eléctrica y salud, dijo Seidner.
Ejecución rezagada
En el detalle de la cartera con el BID, que tiene un bajo desempeño, Seidner indicó que se tiene un monto de US$71.6 millones destinados a programas de agua y saneamiento que deben implementar el Instituto de Fomento Municipal (Infom), el Fondo Nacional para la Paz (Fonapaz) y la Autoridad para el Manejo Sustentable del Lago de Amatitlán (Amsa).
En el área de educación se tiene un proyecto por US$95.6 millones para mejorar la infraestructura escolar y equipar los establecimientos de preprimaria y primaria, así como materiales para estudiantes con necesidades especiales.
Según el diputado Carlos Mejía, integrante de la Comisión de Educación del Congreso, entre otros inconvenientes, este proyecto actualmente está sin ejecución debido a que algunos de los establecimientos escolares se encuentran en propiedades comunales o privadas, donde el Estado no puede invertir.
La Contraloría podría imponer reparos si se invierte en propiedades que no están a nombre del Estado, explicó Mejía, al comentar que el proyecto viene de un arrastre de más de cuatro años, y no se resuelven los inconvenientes por negligencia de los funcionarios o por enredados trámites burocráticos.
Otros proyectos con inconvenientes son la ejecución de US$30 millones para el sector justicia, que incluye la modernización de centros integrados, juzgados de Paz, comisarías y el fortalecimiento de la investigación criminal y de la defensa pública. Sin embargo, el BID señala que los recursos están aprobados desde hace seis años, y hay necesidad de reformular los mecanismos de ejecución entre cinco instancias que participan en el proyecto.
Fuentes del sector señalan que pese a la necesidad que existe, no hay interés en ejecutar los proyectos para los que se contempla un monto importante de recursos.
Similar es el caso del Instituto Nacional de Electrificación (INDE), que cuenta con un proyecto de US$31.7 millones para conectar a la red eléctrica las viviendas que lo requieren en los municipios más pobres. Según explicaron fuentes del sector, uno de los problemas para solicitar desembolsos al BID es la falta de autorización de derechos de vía, que ha complicado el avance de los planes en el área rural.
Recién autorizado
En el listado también se incluyen US$28.8 millones para el Ministerio de Economía y el Programa Nacional de Competitividad (Pronacom), que se destinarán al desarrollo del sector privado.
Juan Carlos Paiz, comisionado del Pronacom, explicó que luego de concluir los trámites y presentar el plan para iniciar los desembolsos a partir de octubre, se inició la ejecución del proyecto que busca la mejora del clima de negocios y el desarrollo territorial.
El proyecto está planificado para cinco años y se enfocará en incentivar la competitividad en cinco sectores: TICs, frutas y vegetales, turismo, desarrollo forestal y manufactura liviana.
En general, Seidner considera que debe fortalecerse un Gabinete de Cooperación con la participación de Segeplan, el Ministerio de Finanzas y la Cancillería, para mejorar la ejecución de los recursos provenientes de préstamos.
“No hay voluntad política en los ministerios de Educación y Comunicaciones (Unidad de Construcción de Edificios del Estado –UCEE–), para fortalecer la estrategia bilateral para ejecutar el proyecto”.
Carlos Mejía, diputado.
El expertaje electrónico para los vehículos empezará a funcionar la última semana de noviembre, informó el intendente de Recaudación de la Superintendencia de Administración Tributaria (SAT), Omar Franco.
El funcionario indicó que esta semana finalizarán las pruebas, y que, de haber atrasos, entraría a operar en diciembre próximo.
Con este sistema se busca agilizar la transmisión de datos de la revisión que hace la Policía Nacional Civil (PNC) a los vehículos y disminuir el tiempo del trámite.
La PNC enviará a la SAT, por medio del sistema, el aviso de que el usuario solicita el expertaje y por la misma vía recibirá los resultados.
Esto evitará la emisión de boleta que ahora se le da al usuario, quien debe trasladarla a la SAT, y también reduciría la discrecionalidad del empleado sobre el expertaje.
POR ROSA MA. BOLAñOS